Encolumnados detrás de las cúpulas sindicales de ADUBA, APUBA y la conducción de la FUBA, miles de manifestantes partieron desde la Plaza Houssay hasta las escalinatas del Palacio de Tribunales para exigir la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización volvió a exponer la profunda grieta abierta por el congelamiento presupuestario y el desacatamiento de los fallos judiciales que ordenan actualizar las partidas de las casas de altos estudios.

El reclamo central de la jornada denunció la inaplicación de la normativa que el Gobierno nacional sostiene congelada. Pese a que la ley cuenta con la ratificación parlamentaria y el aval de instancias de la Justicia Federal que rechazaron la suspensión dispuesta por el Palacio de Hacienda, en la Casa Rosada insisten en condicionar la transferencia de fondos a la definición de las partidas impositivas. Desde las entidades gremiales advirtieron que la dilación oficial ya acumula un desfasaje superior a los $3,7 billones respecto del piso mínimo requerido para garantizar el dictado de clases y el funcionamiento de los hospitales universitarios.

La elección del Palacio de Justicia como destino final de la marcha no fue casual. Tras encabezar una parada frente al Palacio Sarmiento para entonar el Himno Nacional, la columna dejó cientos de velas encendidas sobre el acceso a Tribunales luego de una clase pública de Derecho Constitucional dictada en plena calle. Con este gesto simbólico, la conducción universitaria buscó interpelar al Poder Judicial para que ejecute los apercibimientos contra los funcionarios del área de Economía y Educación por el incumplimiento reiterado de las medidas cautelares vigentes.

La reactivación de la protesta universitaria añade un factor de altísima fricción para el Gabinete libertario en un escenario económico sacudido por la parálisis de la actividad y la desconfianza del circuito financiero. El intento del Ministerio de Economía de encorsetar el presupuesto de las casas de estudios en $7,7 billones choca de frente con los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional para cubrir salarios golpeados por la inflación y sostener la infraestructura básica. En los pasillos de la UBA ya advierten sobre la intensificación de las medidas de fuerza en caso de que no se restituya el flujo presupuestario.

Para Balcarce 50, la persistencia del conflicto académico erosiona la estrategia de contención política ideada tras los recortes a las partidas provinciales. La alianza tácita entre la rectoría de la UBA y los sectores opositores en el Congreso amenaza con reabrir las sesiones extraordinarias para emplazar al Ejecutivo a liberar los fondos retenidos. En el entorno de la conducción libertaria sostienen la tesis de que el reclamo responde a una "maniobra corporativa", pero el respaldo social a la educación pública continúa actuando como un dique frente a la motosierra fiscal.

La marcha nocturna por el centro porteño ratifica que la disputa por los recursos de la educación superior ingresó en una fase de judicialización irreversible. Con las aulas funcionando bajo estado de asamblea permanente y la paciencia gremial agotada, la comunidad de la UBA promete sostener la trinchera presupuestaria. La respuesta que el Gobierno otorgue en las planillas contables definirá si el conflicto se profundiza de cara al cierre del ciclo lectivo.