En un claro respaldo a la agenda articulada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad una resolución formal que invita formalmente al Sumo Pontífice León XIV a brindar un discurso histórico ante la Asamblea Legislativa durante su prevista gira por la Argentina. Sin embargo, el consenso institucional duró poco y la sesión derivó rápidamente en un duro cruce político motivado por los cuestionamientos opositores a la política exterior del Poder Ejecutivo.

La aprobación del proyecto para recibir al jefe de la Iglesia Católica fue leída en los pasillos del Palacio Legislativo como una victoria política personal para Villarruel, quien mantiene puentes fluidos con el Vaticano al margen de la tensa relación entre la Santa Sede y la Casa Rosada. La iniciativa cosechó el acompañamiento en bloque de todas las bancadas, que coincidieron en calificar la eventual visita papal como un acontecimiento de trascendencia histórica para la pacificación nacional. La moción autoriza la logística necesaria para transformar el recinto del Congreso en la sede central del encuentro ecuménico.

El clima de cordialidad parlamentaria se desintegró de inmediato durante el turno de las cuestiones de privilegio, cuando la oposición dura cargó contra el Presidente por el escándalo internacional desatado tras el escape de Flávio Bolsonaro. El senador Martín Soria, representante de Unión por la Patria, encabezó los ataques contra la Casa Rosada acusando al Gabinete nacional de haber montado un "operativo de encubrimiento e impunidad" para favorecer la salida del dirigente ultraderechista. En su encendido discurso, el rionegrino exigió explicaciones urgentes sobre la complicidad de las fuerzas de seguridad en el cruce fronterizo.

Desde las bancadas de la oposición acusaron al Poder Ejecutivo de avasallar los compromisos de cooperación judicial con los países de la región y comprometer severamente el estatus internacional de la República Argentina. Soria remarcó que las fronteras nacionales no pueden funcionar como una guarida para prófugos de la justicia internacional por meras afinidades ideológicas de los funcionarios de turno. El planteo sumó el respaldo de diversos legisladores dialoguistas que exigieron la pronta presencia del canciller y la ministra de Seguridad en las comisiones de trabajo.

El bloque oficialista intentó amortiguar los embates de la bancada opositora argumentando que los controles migratorios en Misiones se realizaron de acuerdo a los protocolos vigentes y sin irregularidades administrativas. Sin embargo, la falta de precisiones oficiales sobre el rol de los organismos de inteligencia durante el despegue del vuelo chárter dejó al espacio libertario en una posición defensiva. La tensión en el recinto reflejó la creciente grieta que atraviesa al Poder Legislativo en materia de política exterior y control fronterizo.

El contraste entre la señal de concordia enviada al Vaticano y el feroz contrapunto por el caso Bolsonaro dejó expuestas las profundas fracturas que dominan el mapa político de la Cámara alta. Mientras Villarruel consolida un perfil institucional propio mediante la agenda con Roma, la gestión de Javier Milei enfrenta un desgaste creciente en el frente diplomático y judicial. La resolución aprobada viajará ahora al Vaticano, mientras el Congreso se prepara para nuevas batallas por la conducta del Ejecutivo.