A pesar del relato triunfalista desplegado desde el Palacio de Hacienda sobre el supuesto freno de la marcha de los precios, la realidad de las boletas muestra una dinámica completamente opuesta. Para noviembre, las tarifas de luz, agua, gas y el transporte público registrarán incrementos mensuales que se ubican holgadamente por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio proyectado por las consultoras privadas.

Al tope del ranking de los incrementos que impactarán a partir de los primeros días del mes se ubica el boleto del transporte metropolitano. Los usuarios del tren y del colectivo sufrirán un nuevo reajuste en las tarifas que busca reducir la brecha de subsidios que el Estado nacional transfiere a las empresas concesionarias del servicio. La quita progresiva de asistencia estatal, sumada a la actualización por costos operativos de las patronales, transformó al ítem de movilidad urbana en uno de los gastos más pesados dentro del presupuesto cotidiano de las familias trabajadoras.

Junto a los pasajes, las boletas de luz, gas natural y agua potable volverán a mostrar ajustes de dos dígitos que deterioran el poder de compra de la población. La estrategia del Ministerio de Economía de actualizar las tarifas por encima de la inflación responde a la necesidad impostergable de cumplir con las metas fiscales de superávit operativo fijadas en el acuerdo con los organismos de crédito. Sin embargo, este mecanismo de sinceramiento tarifario retroalimenta la presión sobre los costos de los comercios y las industrias de cercanía, que trasladan los aumentos directamente a los mostradores.

El comportamiento desbocado de las tarifas esenciales expone la fragilidad de la política antiinflacionaria de la gestión libertaria, asentada casi exclusivamente en el congelamiento de salarios y la recesión del mercado interno. Mientras el relato oficial insiste en la consolidación de un proceso de desaceleración de precios, la canasta de servicios no para de encarecerse en términos reales. La brecha creciente entre la evolución de los salarios congelados y las boletas de servicios públicos amenaza con incrementar los índices de morosidad y corte de suministros en los barrios populares.

La acumulación de aumentos fijos para el penúltimo mes del año genera fuerte preocupación en los intendentes del conurbano bonaerense y en los sectores de la industria pyme. La suba persistente del costo de los insumos energéticos paraliza los escasos márgenes de rentabilidad operativa que les quedaban a las plantas fabriles para sostener el nivel de empleo. Las cámaras de comercio locales ya advierten que la merma en el consumo derivada del pago de boletas derivará en un estancamiento definitivo de la actividad comercial minorista durante las fiestas de fin de año.

El panorama inflacionario de noviembre demuestra que la brecha entre los números macroeconómicos que festeja el Gobierno y la realidad cotidiana del bolsillo de los ciudadanos sigue ensanchándose. Sin un freno efectivo a la actualización tarifaria, el costo de vida continúa su escalada impulsado por los propios ajustes autorizados desde Balcarce 50. El margen de tolerancia social a este esquema de aumentos permanentes se vuelve cada vez más estrecho en el tramo final del año.