BIODIÉSEL | CONGRESO
Dos cosas le pasaron a la reforma de la Ley de Biocombustibles en los últimos diez días, y las dos empujan en la misma dirección. La primera ocurrió en el Congreso, donde los diputados de las provincias que tienen plantas pymes se organizaron por encima de sus bloques. La segunda ocurrió en el Ministerio de Economía, y el oficialismo todavía no terminó de medirla.
El resultado se verá mañana al mediodía. El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Agricultura y Presupuesto está convocado para las 12 con el objetivo declarado de firmar dictamen, pero según pudo reconstruir este medio La Libertad Avanza no tiene los votos. La apuesta de llevar el texto al recinto el 18 de noviembre, en el mismo paquete que el Presupuesto 2027, quedó sin sustento.
El jueves 22 de octubre, en un programa de streaming, Daniel González anunció su propia renuncia a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería. Luis Caputo, que lo había convocado en agosto de 2024 tras su paso como CEO de YPF, lo despidió con elogios públicos. González habló de un ciclo que se acaba.
No es una baja más del organigrama. La Secretaría de Coordinación no tendrá reemplazo: el área queda desactivada y la gestión pasa a los titulares específicos, María Tettamanti en Energía y Luis Lucero en Minería.
González no era un funcionario cualquiera para esta ley: era la ley. Fue él quien explicó ante las comisiones del Senado que el proyecto interpretaba la voluntad del Poder Ejecutivo. Fue él quien reconoció, con una franqueza que hoy sus propios aliados recuerdan con incomodidad, que el esquema iba a tener ganadores, perdedores y afectados. Y fue él quien bloqueó las concesiones a las pymes cada vez que la negociación parlamentaria amenazó con incorporarlas.
Ahora el proyecto desembarca en Diputados sin el funcionario que lo empujaba desde adentro del Gobierno, sin un reemplazante con su peso y en medio de una agenda legislativa dominada por el Presupuesto.
Para entender por qué en los pasillos del Congreso a esta reforma la llaman la Ley Dreyfus hay que mirar un mapa antes que un expediente.
En el Gran Rosario hay plantas de biodiésel enormes, construidas por las cerealeras exportadoras al lado de sus propios complejos de molienda. La mayor de todas, una de las más grandes del mundo, pertenece a Louis Dreyfus Company y está en General Lagos. Se levantaron para exportar y se quedaron sin destino cuando Estados Unidos, la Unión Europea y Perú cerraron sus mercados al biodiésel argentino con barreras antidumping. Desde entonces funcionan muy por debajo de su capacidad.
Fue precisamente en General Lagos donde el reclamo por una nueva ley tuvo su acto de lanzamiento: legisladores nacionales y provinciales junto a directivos de la industria aceitera, exigiendo derogar el régimen vigente, al que definieron como "soviético", y señalando la paradoja de un país que importa gasoil mientras esa capacidad instalada permanece quieta.
El problema es de dónde sale el combustible que la encendería. El único mercado disponible es el interno, y el mercado interno hoy pertenece por ley a las empresas no integradas, las pymes que no tienen fábrica de aceite propia. La media sanción que el Senado aprobó el 17 de septiembre por 41 votos contra 25 sube el corte obligatorio del 7,5% al 10%, pero achica la porción de las pymes hasta dejarla en el 4% a partir de 2031.
Las cuentas las hizo la cámara que las agrupa: con ese porcentaje cierran 14 de las 25 plantas del país, justamente las más alejadas del puerto de Rosario, y se pierden alrededor de 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos. El volumen que esas plantas dejan de producir no se evapora. Va a parar a las que están sobre el río.
En la reunión informativa de la semana pasada, que se extendió casi tres horas con más de diez expositores, la discusión quedó planteada en esos términos.
Gustavo Idígoras, titular de CIARA, la entidad que nuclea a las grandes aceiteras exportadoras —Louis Dreyfus entre ellas— y el mismo dirigente que encabezó la jornada de General Lagos, pidió que Diputados no toque una coma: sostuvo que la media sanción es fruto de una negociación federal entre empresas, provincias y legisladores.
Federico Martelli, de CEPREB, que representa a las pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, respondió con una imagen que quedó dando vueltas en la sala: habló de "juegos del hambre" para describir lo que viene. Y aportó el número que desarma el argumento del consenso federal: esas cuatro provincias aportan el 60% del biodiésel que hoy cubre el corte obligatorio, y ninguna estuvo en la mesa donde se cerró el acuerdo.
Igual que en el Senado, el alineamiento en Diputados se ordena por geografía y no por color partidario. Del lado de aprobar sin cambios están el cordobés Carlos Gutiérrez y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, con Santa Fe detrás.
Enfrente, la novedad es la firmeza del PRO. Los diputados bonaerenses que encabeza Cristian Ritondo plantean un argumento que no admite respuesta técnica: la provincia de Buenos Aires viene atravesando una seguidilla de cierres de pymes y un cuadro económico castigado, y no está en condiciones de que el Congreso le agregue otra tanda de persianas bajas. El pampeano Martín Ardohain, del mismo bloque y presidente de la Comisión de Agricultura, traslada el mismo razonamiento a General Pico y Catriló.
El peronismo tampoco se movió. La mayoría del bloque de Unión por la Patria reclama modificaciones al capítulo del biodiésel, en continuidad con lo que ya había sostenido en la Cámara alta, donde impulsó un texto alternativo con el corte al 15% y segmentos diferenciados para las pymes regionales.
Y en la Unión Cívica Radical la posición quedó fijada en el mismo sentido: la diputada Karina Banfi, acompañada por otros legisladores del bloque, sostiene que la ley no puede llegar al recinto sin cambios.
Es la convocatoria que Martelli había hecho explícita antes de que empezara el debate: que los diputados de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis no avalaran el texto, cualquiera fuera su partido. Le respondieron.
La mecánica parlamentaria termina de complicarle el panorama al oficialismo. Si Diputados vota el proyecto tal como vino, queda sancionado. Si lo modifica, vuelve al Senado, donde el Gobierno podría insistir con la versión original por mayoría simple —la misma que consiguió en septiembre— pero necesitaría otra sesión, otro acuerdo y semanas que no tiene.
Mañana al mediodía puede haber incluso dos dictámenes, uno por cada postura, lo que trasladaría la definición al recinto sin ventaja para nadie. Para una ley que llegó al Congreso con la fuerza de un acuerdo cerrado en una planta sobre el Paraná, es un retroceso considerable.
