Se trata de un misterioso "fondo de fondos" radicado en el paraíso fiscal de Curazao, administrado bajo el paraguas de la corporación fiduciaria Amicorp. La opacidad en la composición de sus beneficiarios finales y sus audaces maniobras de especulación en mercados de alto riesgo internacional encendieron las alarmas de los analistas financieros.

El expediente del fondo caribeño revela antecedentes de altísima volatilidad en geografías complejas:

• El rescate en la Venezuela de Maduro: En noviembre de 2020, en medio del colapso económico del país caribeño y bajo un estricto régimen de sanciones, PHX financió la salida de la multinacional estadounidense Cargill. La operación permitió al Grupo Puig y al fondo de Curazao adquirir todos los activos de la gigante agroalimentaria en suelo venezolano bajo cifras que se mantuvieron en secreto.

• El escándalo del Grupo Adani en India: PHX quedó expuesto en el explosivo informe global presentado por la consultora investigativa Hindenburg Research. El reporte reveló que el fondo caribeño inyectó divisas a través del vehículo New Leania (radicado en Chipre) para inflar la cotización de Adani Green Energy, la filial de energías renovables del conglomerado indio, siendo señalado como un eslabón para la elusión fiscal.

• Manejo de cuentas offshore: La firma Amicorp aloja tanto a PHX como al Absolute Global Investment Fund en Curazao, compartiendo un directorio cruzado integrado por los financistas Paul Parker, Alex Lynford, Edvar Lotman y Priscilla Lotman.

La estructura diseñada para desembarcar en el servicio de agua del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) contempla que PHX AQUA retenga el 55% de la sociedad controlante, mientras que la local Rowing asumirá el 20%, Arcos el 15% y Transclor el 10% restante. A través de esta plataforma de inversión específica —denominada PHX AQUA—, el grupo inversor operará una caja tarifaria que contempla facturar un excedente cercano a los $140.000 millones anuales únicamente por la rezonificación de coeficientes zonales. Sin embargo, la negativa del consorcio a revelar la identidad de los aportantes reales que nutren la cartera del vehículo offshore mantiene en vilo a las autoridades reguladoras.

Si la firma del contrato definitivo se formaliza el próximo 13 de noviembre sin que el Ministerio de Economía exija transparentar la nómina de beneficiarios de PHX, el control del agua potable de casi 15 millones de personas quedará supeditado a las fluctuaciones de un fondo offshore; de lo contrario, la falta de acreditación de liquidez real podría derivar en impugnaciones judiciales de la oposición. La trastienda de los capitales de Curazao redefine la discusión pública sobre los marcos de fiscalización en las privatizaciones de servicios esenciales.

En los próximos días, la presentación de las garantías de mantenimiento de oferta y el examen de los pliegos por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) determinarán la validez legal del traspaso accionario. La lupa sobre el entramado de Curazao continuará dominando la agenda política. El desembarco de capitales especulativos sobre la infraestructura básica abre una nueva etapa de controversia en el país.