El magistrado remarcó que las primarias cumplen la función clave de ordenar la oferta electoral y que, si el oficialismo pretende avanzar con su eliminación, deberá prever mecanismos internos claros dentro de los partidos para evitar un caos en la presentación de listas. Con los plazos del calendario apretando el cuello de los armadores políticos, la advertencia del juez frena las especulaciones de Balcarce 50 y fija un límite temporal definitivo para el debate parlamentario.

El mensaje que salió desde los tribunales federales cayó como un balde de agua fría en las oficinas del Poder Ejecutivo, donde venían estirando las definiciones para especular con los tiempos de la oposición. Ramos Padilla dejó en claro que no es viable modificar las reglas del juego electoral en medio de la cancha ni a pocos meses de que se abra el cronograma formal. La advertencia judicial le exige a la mesa política de Milei apurar el tramo final de las negociaciones con los bloques aliados si quiere meter la tijera en el sistema de votación. Sin una ley sancionada antes del cierre del período legislativo, el Gobierno se verá obligado a competir bajo el esquema tradicional de primarias.

Para el magistrado bonaerense, derogar las PASO sin ofrecer una vía de escape institucional generaría una bomba de tiempo en la confección de las boletas. Ramos Padilla enfatizó que las primarias actúan como el gran ordenador de las internas partidarias y evitan que las candidaturas se resuelvan en "mesas únicas" o terminen en batallas judiciales interminables. La justicia electoral exige que, en caso de archivarse las PASO, se garanticen elecciones internas democráticas y transparentes dentro de cada espacio político para no vulnerar los derechos de los afiliados. La exigencia frena las intenciones de los sectores que buscaban imponer listas a dedo para clausurar las disputas territoriales.

La definición del juez electoral resuena con fuerza en los despachos de los gobernadores, que miran con desconfianza los movimientos del Ejecutivo nacional sobre el calendario comicial. Las provincias necesitaban certidumbre para decidir si desacoplan sus elecciones locales de la compulsa nacional o si mantienen el esquema unificado para abaratar costos operativos. El ultimátum dictado desde la justicia federal obliga a los mandatarios provinciales a acelerar la firma de sus propios decretos electorales para evitar sorpresas reglamentarias a principios del próximo año. La falta de definiciones en el Congreso amenaza con disparar un festival de desdoblamientos en los principales distritos del país.

Detrás del debate institucional se esconde también la pelea por la caja y la logística que insume la organización de los comicios en el distrito más poblado del país. Ramos Padilla recordó que la preparación del padrón, la contratación del correo y la logística de las urnas requieren meses de trabajo previo que no pueden quedar sujetos a la improvisación política. En Balcarce 50 usaban el argumento del ahorro fiscal para presionar por la eliminación de las PASO, pero la demora en el tratamiento parlamentario terminó encareciendo los contratos operativos preventivos. La falta de resolución legislativa deja al Ministerio del Interior pedaleando en el aire para definir las partidas presupuestarias.

Con el aviso judicial sobre la mesa, la pelota vuelve a quedar del lado de la Cámara de Diputados y el Senado, donde los números están contados al milímetro. El peronismo y los bloques provinciales ya hicieron saber que no regalarán sus votos para suspender las primarias si el oficialismo no cede recursos coparticipables y fondos para obras paralizadas. La Casa Rosada enfrenta ahora el dilema de pagar el costo político y económico de un acuerdo parlamentario o resignarse a competir en las PASO con la oposición. Las próximas semanas serán decisivas para saber si el Gobierno junta los porotos o si se le vence el plazo fatal fijado por la justicia.