La maniobra del oficialismo busca ganar margen temporal mientras utiliza la discusión sobre las partidas del Presupuesto como principal moneda de cambio. Sin embargo, la pretensión del Presidente Javier Milei de abrochar ambos expedientes chocó de frente con una condición impuesta por los mandatarios provinciales: la ampliación del máximo tribunal de justicia. La estrategia de patear la reforma electoral para diciembre busca evitar un tropezón parlamentario antes del cierre del período ordinario. La presión de las provincias sobre la conformación de la Corte Suprema añade un condicionante de máxima complejidad al cierre del año legislativo.

La puja por el máximo tribunal expuso las visiones contrapuestas entre la conducción libertaria y los bloques provinciales. Ante la persistente vacante de pliegos y la falta de acuerdos de fondo, los gobernadores hicieron llegar a Balcarce 50 la exigencia de incorporar dos nuevos lugares en la Corte Suprema, buscando garantizar una representación con perspectiva federal y negociar en paquete tanto los cargos judiciales como la jefatura de la Procuración General de la Nación. No obstante, el mandatario nacional resiste enérgicamente la propuesta de ampliar la composición del tribunal, bajo la premisa de no distorsionar la estructura institucional existente ni ceder parcelas de poder a la casta política provincial. El reclamo de las provincias por dos sillas adicionales en el tribunal supremo intenta rebalancear el peso federal en el Palacio de Justicia. La intransigencia presidencial ante la ampliación de la Corte mantiene trabado el paquete de acuerdos institucionales.

Para destrabar el frente electoral, el armado político del Ejecutivo —encabezado por dirigentes con despliegue territorial como Diego Santilli— intenta desglosar el debate. El objetivo de la Casa Rosada pasa por seducir a las provincias mediante la restitución de partidas de obra pública, transferencias no automáticas y giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cambio del voto positivo para derogar o suspender las primarias de 2027 y reinstalar el casillero de "lista completa" en la Boleta Única de Papel (BUP). Pese a ello, los mandatarios advierten que los compromisos asumidos no garantizan el alineamiento automático de los senadores que les responden, quienes exigen certezas plasmadas en la ley de leyes antes de convalidar el cambio en las reglas de juego electorales. El uso de las partidas presupuestarias como incentivo fiscal no alcanza aún para doblegar la resistencia de la Cámara Alta. La autonomía de los bloques provinciales en el Senado ralentiza la pretensión de erigir mayorías relámpago.

Si el Gobierno nacional cede en las pretensiones de financiamiento provincial sin abrir la composición de la Corte, podrá abrochar la suspensión de las PASO en el tramo final del año; de lo contrario, la intransigencia mutua arriesga con empantanar tanto el presupuesto como la reforma política en el recinto. El desenlace de las sesiones extraordinarias en diciembre definirá la correlación de fuerzas para el tramo previo a las presidenciales.

En las próximas semanas, la emisión de los dictámenes de comisión y la oficialización de la convocatoria a extraordinarias confirmarán el alcance real del temario negociado. La tensión entre el Ejecutivo y los gobernadores seguirá marcando el ritmo de la política nacional. El choque por la Corte y el esquema electoral se encamina hacia su desenlace definitivo.