Según los relevamientos, entre fines de 2023 y el presente año se perdieron más de 97.000 puestos de trabajo formales en las fábricas y cerraron más de 4.000 industrias manufactureras, superando ampliamente la tasa de achicamiento registrada en periodos comparables de la década de 1990. La aceleración del deterioro en el tejido pyme industrial reabre las discusiones sobre la viabilidad del modelo extractivo-exportador sin mercado interno. La velocidad en la pérdida de empresas registradas marca un sesgo desindustrializador de magnitud histórica.

Los análisis de coyuntura marcan diferencias sustanciales entre el proceso actual y los antecedentes inmediatos de reformas de mercado:

• La década de 1990 (Plan de Convertibilidad): Si bien la apertura comercial y la apreciación cambiaria provocaron la quiebra de miles de talleres y una fuerte caída del empleo obrero (-19,4% entre 1993 y 1999), la producción física global logró sostener un crecimiento acumulado del 5,2% apalancado por la modernización tecnológica y la inversión extranjera directa en sectores concentrados.

• El periodo 2015-2019 (Gestión Macri): La combinación de tarifazos, altas tasas de interés y apertura parcial afectó severamente a la industria pyme, pero la tasa de supervivencia de firmas y la utilización de la capacidad instalada mantuvieron pisos más elevados que los actuales en los primeros dos años de administración.

• La era libertaria (Modelo Milei): La simultaneidad del desplome del consumo masivo, la quita de subsidios energéticos, el encarecimiento de costos en dólares y la apertura de importaciones de bienes finales derivó en una caída generalizada de la producción que alcanza al 95% de los subsectores manufactureros.

El fenómeno se traduce en una parálisis inédita de las plantas industriales, donde casi cuatro de cada diez máquinas permanecen en desuso en los grandes parques productivos del país. Sectores emblemáticos como la metalmecánica, la industria textil, los insumos para la construcción y el complejo automotriz sufren contracciones de dos dígitos, golpeando de lleno en las economías regionales de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y La Rioja. Mientras desde la conducción del Ministerio de Economía argumentan que la desregulación forzará un reordenamiento eficiente de los recursos hacia actividades más competitivas como el agro, la minería y la energía, los dirigentes industriales alertan que los sectores extractivos no poseen la capacidad de absorber la masa de empleo urbano que expulsan los talleres. El sesgo de sustitución de producción local por importados acelera el cierre definitivo de establecimientos. La brecha de absorción laboral entre la minería y la manufactura profundiza la preocupación social.

Si el Poder Ejecutivo no contempla instrumentos de fomento o alivio tributario para preservar la infraestructura productiva existente, el mapa económico argentino corre el riesgo de consolidar un reprimarización definitiva de su estructura económica; de lo contrario, la pérdida continua de capacidad instalada seguirá erosionando la base tributaria del Estado. El margen de supervivencia de las pymes industriales ingresa en un terreno de definición estructural.

En las próximas semanas, las cámaras patronales del sector industrial y las centrales sindicales presentarán ante las comisiones del Congreso informes técnicos para reclamar medidas de emergencia pyme. El rumbo del modelo productivo seguirá en el centro de la escena política. La encrucijada del aparato fabril marca la discusión de fondo de la economía argentina.