La normativa oficial argumenta "incumplimientos sistemáticos en la presentación de balances", "falta de reempadronamiento digital" y "ausencia de actividad real comprobable", ordenando la parálisis inmediata de sus CUITs ante la AFIP y la inhabilitación para operar en el sistema bancario. Desde las principales confederaciones del sector denunciaron que la medida constituye un "apagón administrativo masivo" que deja en la absoluta informalidad a miles de trabajadores asociados. La suspensión masiva de matrículas por la resolución 2076/26 desató una ola de reclamos en el ámbito asociativo. La desconexión del sistema financiero y fiscal paraliza la operatoria diaria de miles de pymes comunitarias.

El argumento central del organismo fiscalizador apunta a "ordenar el padrón nacional" y depurar estructuras fantasma o utilizadas para maniobras de intermediación financiera irresponsable y desvío de fondos públicos. Sin embargo, los referentes del sector cooperativo réplicaron que la resolución aplica un criterio punitivo e indiscriminado que golpea de lleno a pequeñas unidades productivas del interior profundo, donde las barreras de conectividad y la burocracia digital impidieron completar las auditorías en los plazos exigidos. Las cámaras del asociativismo advierten que, al bloquear la facturación y el cobro de certificados de obra o servicios prestados, la medida pone en riesgo inminente el sustento de miles de familias vinculadas a cooperativas de trabajo, vivienda, recolección y servicios públicos. El argumento de la depuración administrativa desde el organismo nacional choca contra la realidad operativa del interior. La imposibilidad de facturar y cobrar prestaciones ahoga la liquidez del sector popular.

Frente al impacto de la norma, dirigentes de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Autogestionados (CONARCOOP) y la Red Nacional de Cooperativas iniciaron presentaciones judiciales conjuntas para frenar la aplicación de la Resolución 2076/26 mediante recursos de amparo con pedido de medida cautelar no innovativa. Los abogados del sector sostienen que el procedimiento vulnera el derecho al debido proceso y a la legítima defensa, ya que el INAES omitió los intimatorios previos contemplados en la Ley 20.337 de Cooperativas antes de aplicar la sanción de suspensión. En los pasillos del Ministerio de Capital Humano, en tanto, ratificaron la firmeza de la decisión y descartaron prórrogas generales para las entidades sancionadas. La batalla judicial iniciada por las confederaciones de la economía social busca suspender los efectos de la norma en el fuero Contencioso Administrativo. La postura intransigente del Ejecutivo no prevé ventanas de regularización extraordinarias.

Si la Justicia otorga las cautelares solicitadas por los apoderados del sector, el INAES se verá obligado a restablecer provisoriamente las matrículas y abrir mesas de subsanación de trámites; de lo contrario, la ratificación del texto oficial derivará en la liquidación definitiva de miles de matrículas y una mayor precarización del empleo asociativo. La resolución de los tribunales federales dictará la suerte de miles de unidades productivas golpeadas por el ordenamiento del padrón.

En las próximas jornadas, las comisiones de Asuntos Cooperativos del Congreso citarán a las autoridades del INAES para que brinden explicaciones detalladas sobre el alcance del padrón suspendido. El debate sobre el rol de la economía social continuará sumando capítulos en la agenda pública. La controversia por la Resolución 2076/26 promete escalar en el terreno parlamentario y judicial.