La resolución judicial alcanza además a su contador, Mariano Cosentino, y a la sociedad familiar Varianza SA. El fallo responde al dictamen del fiscal Fernando Domínguez, quien demostró la falta de sustento técnico de un contrato por 200.000 dólares con el empresario Federico "Fred" Machado, actualmente preso en Estados Unidos por maniobras de lavado vinculadas al narcotráfico internacional. La contundencia de la medida cautelar sobre el patrimonio del economista sacude el escenario político de La Libertad Avanza. La restricción para salir del territorio nacional deja al referente sin margen de maniobra internacional.

La investigación judicial logró reconstruir el circuito contable mediante el cual ingresaron los fondos sospechados a una cuenta bancaria del dirigente en el exterior. Según se acreditó en la causa, la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. —una de las estructuras corporativas utilizadas por la red de Machado— giró la suma en dólares bajo el argumento de una supuesta asesoría financiera para la firma Minas del Pueblo en Guatemala. Sin embargo, los peritajes del Ministerio Público determinaron que Espert jamás viajó a dicho país, que los yacimientos no registraban actividad comercial activa y que el dinero terminó utilizado para la compra de vehículos de alta gama y la integración de fideicomisos inmobiliarios en el país. El desmontaje de la cobertura contractual en la causa dejó expuesta la inconsistencia de la defensa técnica. El circuito del dinero hacia bienes registrables terminó de configurar las tres etapas del delito de blanqueo.

El avance de la causa en el fuero federal de San Isidro representa un fuerte impacto en el mapa político del oficialismo y sus aliados, donde el referente liberal supo construir centralidad como espada legislativa y de comunicación. Si bien la defensa del exdiputado apelará la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la ratificación previa que hizo la alzada sobre las pruebas presentadas por la fiscalía complica sus chances de revertir el procesamiento. En el entorno de la Casa Rosada tomaron distancia de la situación procesal del economista, enmarcando el expediente en actuaciones de su actividad privada y de su campaña presidencial de 2019. El costo reputacional para el espacio libertario reabre la discusión sobre las alianzas y candidaturas. La estrategia defensiva ante la Cámara de San Martín buscará ganar tiempo antes del eventual elevamiento a juicio oral.

Si la Cámara Federal confirma el procesamiento antes de fin de año, la causa quedará al borde del juicio oral y público, obligando a Espert a rendir cuentas ante un tribunal colegiado por el origen de los fondos que financiaron su irrupción en la política nacional. Mientras tanto, el embargo trabado sobre sus cuentas y sociedades familiares mantendrá congelado gran parte de su patrimonio. La resolución de la alzada judicial definirá el futuro institucional y personal del dirigente.

En las próximas semanas, la presentación de los escritos de apelación por parte de la defensa técnica fijará la agenda del expediente en los tribunales de San Martín. La evolución de la causa mantendrá la atención de la agenda política y judicial. El devenir del frente judicial de Espert se encamina hacia su definición decisiva.