DESREGULACIÓN SALVAJE
La reforma de la Ley de Biocombustibles aceleró en la Cámara de Diputados. El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado —aprobada el 17 de septiembre por 41 votos a favor y 25 en contra—, comenzó a tratarse en la Comisión de Energía y Combustibles, que preside Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza). El oficialismo quiere firmar dictamen antes del 30 de octubre y buscaría llevarlo al recinto el 18 de noviembre, junto al Presupuesto 2027. El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, la definió como "una ley histórica que viene a saldar viejas deudas".
Detrás del impulso oficialista, sin embargo, hay una advertencia que se repitió una y otra vez en la comisión: tal como está redactado, el proyecto concentra la elaboración de biodiésel en seis grandes aceiteras multinacionales del polo portuario de Rosario y condena a la quiebra a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que hoy abastecen el corte obligatorio. "Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras", resumió Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), en su exposición ante los diputados.
La cuenta que preocupa es la del empleo. CEPREB estima que, si el texto avanza sin cambios, están en riesgo más de 1.500 puestos de trabajo directos y otros 8.000 indirectos en plantas del interior productivo. Son empresas radicadas principalmente en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis que, según la cámara, elaboran alrededor del 65% del biodiésel que hoy abastece el corte obligatorio.
El punto crítico es el reparto del mercado. El proyecto eleva el corte de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero divide el mercado en dos segmentos —empresas "integradas" y "no integradas"— y reduce de forma escalonada el cupo reservado a las pymes, que caería del 7,5% actual hasta alrededor del 3% a 4% en los próximos años. En los hechos, denuncia el sector, eso deja a las plantas regionales compitiendo —en un mercado de subastas y sin precio sostén— contra actores que son, al mismo tiempo, sus proveedores de materia prima y sus competidores.
La preocupación por el empleo también llegó desde los trabajadores. Mario Lavia, secretario general de la Federación de Petroleros (Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles), gremio que agrupa al personal de estas plantas, reclamó cambios en la ley para preservar los puestos de trabajo del sector, en sintonía con el planteo de las pymes.
El impacto no se mide solo en toneladas: se mide en los pueblos y ciudades donde funcionan estas fábricas. El informe de CEPREB sobre el mercado del biodiésel detalla el perjuicio planta por planta, y el mapa coincide con las localidades que vienen advirtiendo por el cierre. En Buenos Aires, donde opera una decena de plantas pyme, están en riesgo firmas como las de Junín, Ramallo —en el Parque Industrial COMIRSA— y Bahía Blanca. En La Pampa, las plantas de General Pico y Catriló. En Entre Ríos, Bio Nogoyá, en Nogoyá, y la del Grupo Bolzán, en Aldea María Luisa. Y en San Luis, la planta que sostiene buena parte del empleo industrial local.
En muchas de esas comunidades, una sola planta es el principal empleador formal, y su actividad tracciona a proveedores, transportistas, talleres, laboratorios, comercios y servicios. Por eso el cierre de una fábrica no se agota en la empresa: golpea el consumo, la recaudación municipal y el arraigo de pueblos enteros. Varios municipios y gobiernos provinciales ya salieron a advertirlo —la Municipalidad de Ramallo, por ejemplo, presentó un informe formal ante Diputados en defensa de las pymes de su parque industrial—, y la preocupación atraviesa a Buenos Aires, La Pampa y San Luis, cuyas administraciones rechazan el proyecto.
La discusión en la comisión expuso dos modelos enfrentados. Del lado de las grandes aceiteras, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), defendió el texto del Senado como "el mejor acuerdo posible en la Argentina actual" y pidió aprobarlo sin demoras: "Es clave sacar la ley ahora en Diputados, si no vamos a perder el tren del mundo". En la misma línea, Luis Zubizarreta (CARBIO) respaldó la apertura del mercado a la competencia.
Enfrente, Martelli rechazó esa lectura. "Si se aprueba la ley, el segmento de las pymes desaparece", advirtió, y cuestionó que se hable de acuerdo: "No puede haber consenso cuando las compañías que elaboran el 65% del biodiésel pyme no apoyan la ley. La Libertad Avanza puede tener mayoría, pero consenso no". El dirigente describió el esquema con una imagen que recogieron varios medios: "Vamos a jugar los 'juegos del hambre' las pymes de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Santa Fe a ver cuál sobrevive". A las voces críticas se sumaron Axel Boerr (CAPBA), que calificó de "Frankenstein legal" el tope que define a una empresa como "integrada", y Claudio Molina (Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno), que graficó la asimetría: "No pongamos en la misma pista un Fórmula 1 con un Fórmula 4".
La definición en Diputados tiene un capítulo político que se juega por lo bajo. En los pasillos del Congreso crece la versión de que CIARA ejerce una fuerte presión sobre los diputados de Unión por la Patria de Santa Fe, la provincia donde tienen sede las grandes aceiteras beneficiadas por la reforma. Por la defensa de las economías regionales, esos legisladores deberían votar en contra o, al menos, exigir cambios; sin embargo, trascendió en off —sin confirmación de los propios interesados— que algunos de ellos podrían terminar acompañando el proyecto, en contra de los intereses de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
La contradicción es evidente, y vuelve todavía más llamativa cualquier definición en ese sentido: la ley tampoco protege a las pymes santafesinas. El cupo reservado a las empresas no integradas baja del 7,5% actual al 4% y, al terminar el régimen transitorio previsto para 2036, queda en 0%, con todo el mercado abierto a la competencia de las grandes integradas. Es decir, a la larga, la norma no deja lugar reservado para ninguna pyme del país —tampoco para las de Santa Fe—, lo que dimensiona el peso que tendría que estar teniendo el lobby de las aceiteras para torcer voluntades.
El contraste fue nítido durante las casi tres horas de exposiciones. El capítulo del bioetanol —cuyo corte en naftas subiría del 12% al 15%, con cupos para la caña de azúcar y el maíz— cosechó un respaldo casi unánime de las cámaras del maíz y del azúcar. Toda la tensión se concentró en el biodiésel. Frente al proyecto oficial, CEPREB propone elevar el corte al 12,5% y crear un segmento permanente para las pymes, de modo de incorporar a las grandes al mercado interno sin arrasar con las regionales.
La definición quedó abierta. El dictamen todavía debe pasar por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería, y la gran incógnita es si Diputados convalidará la media sanción del Senado tal como está o reabrirá el articulado para atender los reclamos de las pymes. De esa decisión, advierte el sector, dependen miles de puestos de trabajo del interior productivo.
