La operación, orientada a costear las indemnizaciones para eliminar unos 20 mil puestos en la planta permanente, desató una fuerte controversia política y gremial ante la paradoja de apelar a un organismo multilateral enfocado en el desarrollo para financiar la supresión de partidas presupuestarias y capacidades estatales. La utilización de divisas crediticias para gastos de salida laboral desató durísimos cuestionamientos de los sindicatos del sector público. La firma del endeudamiento en dólares aceleró el clima de protesta en las dependencias oficiales.

La reacción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no se hizo esperar y su conducción nacional cruzó al Gobierno por lo que consideran una maniobra de altísima ilegalidad. El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, denunció que la Casa Rosada violó la Ley de Administración Financiera y de Presupuesto al contraer deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente sin la correspondiente convalidación del Congreso de la Nación. Bajo la consigna "se endeudan en dólares para despedir en pesos", el sindicato anunció un plan de lucha con movilizaciones hacia la Quinta de Olivos y asambleas permanentes en los ministerios, llamando a los trabajadores a no ceder ante lo que califican como un "esquema extorsivo" para vaciar los organismos públicos. El rechazo sindical a la toma de deuda externa agrega nafta a la hoguera del conflicto gremial. La acusación sobre la falta de aval parlamentario amenaza con abrir un frente judicial contra el decreto.

Desde el Ministerio de Desregulación justificaron el uso del financiamiento internacional argumentando que la erradicación definitiva de los 20 mil cargos presupuestarios generará un ahorro fiscal permanente que compensará holgadamente el costo del préstamo a mediano plazo. No obstante, economistas e inspectores del sector público señalan que el pago de tasas de interés variables en dólares para erogaciones operativas representa un riesgo innecesario para el balance cambiario, especialmente en un contexto de escasez de reservas en el Banco Central. La disputa por la sustentabilidad financiera de los retiros expone dos visiones irreconciliables sobre el rol del Estado. El costo de los servicios de deuda suma presión a las metas fiscales del próximo año.

Si la presentación judicial de los gremios o la presión en el Congreso logran congelar la ejecución de las partidas del BID, el Palacio de Hacienda deberá buscar fondos propios para sostener el cronograma de indemnizaciones. El resultado de la contienda determinará la viabilidad del recorte proyectado sobre la burocracia centralizada. La pulseada por los dólares del ajuste promete escalar en los tribunales y en la calle.

En las próximas horas, las asambleas de ATE y las marchas anunciadas marcarán el nivel de resistencia sindical frente al decreto presidencial. La efectividad de la medida dependerá del ritmo de inscripción de los estatales ante las cajas de retiros ofrecidas. La controversia por la deuda para indemnizar enciende la interna administrativa.