Frente al riesgo inminente de cierre para más de una docena de plantas procesadoras de biodiésel, el gobernador Axel Kicillof prepara un esquema de emergencia —que incluye un régimen de Compre Bonaerense— y busca tejer alianzas de bloque con legisladores del PRO para bloquear los artículos más perjudiciales de la norma en el Congreso. La amenaza de parálisis en el sector pyme del biodiésel impulsó contactos transversales en la Cámara baja para defender a las industrias del interior. El impacto de la desregulación nacional amenaza con desarticular la cadena de valor regional.

El nudo del conflicto radica en el cambio de reglas para la distribución de los cupos de abastecimiento en el mercado interno. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional elimina los esquemas de protección regional y reduce de forma drástica la porción de mercado reservada para las pymes elaboradoras de biodiésel no integradas. Según estimaciones de la Cámara de Empresas Pymes Elaboradoras de Biofuels (CEPREB), si la porción protegida cae al 4%, el volumen asignado a las pequeñas y medianas empresas se reduciría casi a la mitad, forzando el cierre de 14 de las 25 plantas activas en el país, nueve de las cuales operan en territorio bonaerense (en distritos como Bahía Blanca, Junín, Ramallo, Pilar, Daireaux y Saladillo). El desplome proyectado de los cupos de producción pone en jaque miles de puestos de trabajo calificados. La vulnerabilidad de las plantas no integradas responde a la obligación de comprar el aceite de soja —que representa el 80% de su costo de producción— a las grandes aceiteras exportadoras con las que pasarían a competir directamente.

El debate no solo genera roces entre el Gobierno y las pymes, sino que también fractura la postura de las provincias productoras. Mientras que los complejos exportadores concentrados alrededor del puerto de Rosario en Santa Fe y sectores agroindustriales de Córdoba se benefician con la apertura del mercado interno para grandes escalas, la provincia de Buenos Aires encabeza el reclamo por un trato que reconozca las asimetrías geográficas y de flete. Para contrarrestar la avanzada de la Casa Rosada, la administración de Kicillof evalúa instrumentar mecanismos de incentivo a la demanda local y articular con bloques opositores y aliados provinciales la incorporación de cláusulas de reserva regional en el texto que se debate en la Cámara de Diputados. La disparidad de intereses entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires reconfigura las alianzas legislativas alrededor de la ley de biocombustibles. La búsqueda de consenso en el Congreso apunta a fijar un piso de participación garantizado para la industria pyme.

Si la movida conjunta entre el gobierno provincial, las pymes industriales y sectores de la oposición logra imponer modificaciones al proyecto en Diputados, el sector logrará un esquema de transición que preserve la competitividad de las plantas del interior. De persistir el texto original de la desregulación, la industria del biodiésel avanzará hacia un escenario de alta concentración de mercado. El desenlace del debate sobre los biocombustibles marcará el futuro de la matriz energética y productiva de la región.

En los próximos días, la discusión en las comisiones de la Cámara de Diputados definirá si el oficialismo acepta modificar el articulado o si se encamina a una votación dividida. La resistencia pyme sostiene la tensión en el corazón del entramado productivo bonaerense. La pulseada entre la desregulación total y la protección regional entra en su etapa decisiva.