CRISIS DE INGRESOS Y ENVILE CIMIENTO DE DEUDA
La reforma de la Ley de Biocombustibles llegó al tramo decisivo y Ramallo decidió no quedarse al margen. Con media sanción del Senado y el debate ya abierto en la Cámara de Diputados, la Municipalidad de Ramallo presentó ante el Congreso un informe institucional en defensa de las pequeñas y medianas empresas del Parque Industrial COMIRSA, donde funciona la actividad vinculada al biodiésel. El documento, firmado por el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Wozniak, advierte por los efectos "económicos, productivos, laborales y territoriales" que podría provocar el nuevo marco regulatorio.
En el Parque Industrial COMIRSA, sobre el partido de Ramallo, opera una planta de biodiésel y glicerina del Grupo Bahía Energía que da trabajo a alrededor de 100 personas y que en 2024 anunció una inversión de 3 millones de dólares para ampliar un 30% su producción. Pero, como remarca el propio informe municipal, lo que está en juego excede a una sola empresa: la actividad del biodiésel "genera actividad económica más allá de las plantas productoras" y repercute sobre "proveedores, transportistas, talleres, empresas de mantenimiento, laboratorios, servicios técnicos, comercios y otras actividades que dependen directa o indirectamente del funcionamiento del parque industrial".
"La pérdida de una planta industrial implica mucho más que la interrupción de una actividad comercial: puede significar la desaparición de capital productivo, conocimientos técnicos, puestos de trabajo especializados y años de inversión", sostiene el documento presentado en Diputados.
El escrito de la Municipalidad enumera seis riesgos concretos del cambio regulatorio: la mayor exposición de las pymes a la competencia de las empresas de gran escala, el peligro de que los precios de venta no cubran los costos reales de producción, la incertidumbre sobre el acceso al mercado obligatorio, el riesgo asociado a la importación de biocombustibles, el impacto sobre el empleo industrial y la posible pérdida de inversiones y capacidad productiva instalada. "La apertura de un mercado no garantiza, por sí sola, una competencia efectiva entre actores que parten de condiciones económicas sustancialmente diferentes", resume el texto.
Sobre esa base, el municipio le pidió a la Cámara de Diputados diez medidas puntuales, entre ellas una garantía de transición regulatoria para las empresas que invirtieron bajo las reglas vigentes, mecanismos de participación efectiva de las pymes, una metodología de precios "compatible con la producción nacional eficiente", controles para prevenir la concentración y una evaluación de impacto laboral y territorial previa a cualquier reforma. "Defender la continuidad de estas empresas significa defender el empleo, la inversión productiva, el valor agregado nacional y el desarrollo económico de Ramallo y su región", cierra el informe.
La defensa no es casual. En el 4° Congreso Productivo Bonaerense, realizado en septiembre en La Plata, Ramallo fue uno de los distritos seleccionados para exponer su realidad productiva, y Wozniak puso el foco en el mismo entramado. "Alrededor del 80% más o menos de la generación de puestos de trabajo están en las pymes", señaló el funcionario, que ubicó entre los principales problemas del sector la caída de las ventas y la demanda, el costo de la energía y la apertura de las importaciones. En ese cuadro, una reforma que golpee a las pymes del biodiésel se suma a un escenario productivo ya tensionado.
El proyecto eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero cambia la regla de fondo: la porción reservada a las pymes "no integradas" cae de forma escalonada —6,5% en la transición, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y apenas 3% desde 2031, según CEPREB—, mientras el resto queda para las grandes aceiteras integradas cercanas al puerto de Rosario. Para el sector, el resultado es una concentración anunciada. "Si se aprueba la ley de biocombustibles, el segmento de las pymes desaparece", advirtió Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que estima en 1.500 empleos directos y 8.000 indirectos lo que está en riesgo a nivel nacional si el texto avanza sin cambios.
La preocupación había llegado antes a los despachos municipales: CEPREB pidió formalmente a cinco intendentes bonaerenses —entre ellos el de Ramallo, Mauro Poletti, junto a los de Saladillo, Junín, Bahía Blanca y Pilar— que intercedieran para frenar la iniciativa, al advertir que derivaría en "pérdidas de puestos de trabajo y menos actividad y recaudación para el municipio".
Con el debate abierto en Diputados, Ramallo ya puso su posición por escrito. Lo que se juega, insiste la Municipalidad, no es solo el precio del combustible: es la continuidad de una industria, el empleo del Parque Industrial COMIRSA y el desarrollo económico del partido y su región.
