Frente a la imposibilidad de abrochar un acuerdo antes del cierre del período ordinario, en las oficinas de Balcarce 50 gana terreno la alternativa de estirar la discusión parlamentaria hasta el verano mediante un llamado formal a sesiones extraordinarias. La falta de garantías sobre los apoyos de los gobernadores empuja el debate a una prórroga de los tiempos legislativos. El ajedrez por el calendario electoral del próximo año exige negociaciones de alto voltaje.

En un reparto de tareas diseñado para destrabar el expediente, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, decidió cancelar su viaje con la comitiva oficial en España y permanecer en Buenos Aires para conducir las tratativas políticas de cerca. En paralelo, las gestiones territoriales quedaron delegadas en la Jefatura de Gabinete conducida por Diego Santilli, quien mantiene contacto permanente con los mandatarios provinciales en busca de los votos que se muestran esquivos. La meta del Gobierno de cerrar el dictamen en el Senado en las primeras semanas de noviembre quedó virtualmente descartada ante la firme postura de las bancadas provinciales. El rosca a rosca con los jefes territoriales continúa sin traducirse en apoyos concretos dentro del recinto. La estrategia del oficialismo en la Cámara alta quedó condicionada por la cautela de las provincias.

La resistencia para avanzar con el proyecto radica en los temores de varios bloques aliados y provinciales respecto de las reglas para la conformación de sus listas locales, sumado al impacto financiero que implica para los presupuestos subnacionales. Mientras que en la bancada libertaria insisten en que la anulación de las PASO representa un ahorro fiscal imprescindible y un ordenamiento de la oferta política, en los bloques dialoguistas demandan garantías sobre el financiamiento partidario y la boleta única. Las objeciones tácticas de las provincias traban la iniciativa en las comisiones del Senado. El riesgo de un naufragio legislativo presiona a la conducción libertaria a negociar concesiones en el texto original.

Si el oficialismo no logra certificar el respaldo de un número crítico de senadores antes de finalizar octubre, la Casa Rosada deberá activar el decreto de convocatoria a extraordinarias para no dar por enterrada su reforma electoral antes de la campaña. La prueba de fuego residirá en la capacidad del entorno presidencial para ofrecer incentivos presupuestarios o de gestión a los gobernadores a cambio de sus votos en la Cámara alta. La extensión de la actividad en el Congreso marcará la agenda de fin de año.

En las próximas horas, las reuniones cruzadas entre el Gabinete y los legisladores de la oposición colaborativa terminarán de definir la viabilidad del proyecto. El resultado de las rondas de diálogo marcará el pulso de la reforma electoral de la gestión libertaria. La pulseada por las reglas de juego de las urnas entra en una etapa de definiciones.