Dirigentes y referentes de la oposición denunciaron que la gestión oficialista copó cargos estratégicos en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la justicia electoral y dependencias clave del Consejo de la Magistratura con ex funcionarios y alfiles políticos de su propio espacio. La denuncia por presunta cooptación judicial encendió las alarmas en el escenario político patagónico. Las maniobras de nombramientos reavivaron las sospechas sobre la falta de independencia de poderes en la provincia.

Uno de los casos emblemáticos citados por los críticos del mandatario provincial involucra al ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, quien denunció abiertamente que la aceleración de causas penales en su contra responde a un objetivo de persecución política mediante la aplicación de leyes de Ficha Limpia para inhabilitarlo electoralmente. Gennuso y su equipo de defensa sostienen que las resoluciones del STJ —integrado por magistrados como Sergio Ceci, quien desembarcó en el tribunal tras su paso directo por el bloque legislativo oficialista— modificaron calificaciones jurídicas y forzaron plazos procesales con la urgencia de evitar prescripturas y sacarlo de la cancha política. La utilización de expedientes judiciales con fines electorales reabre un acalorado debate sobre las garantías del debido proceso. Las objeciones a los fallos del tribunal supremo empujan a dirigentes locales a recurrir a la Corte Suprema de la Nación.

La acusación de "colonización judicial" se produce en un contexto de creciente fragilidad política para la gestión de Juntos Somos Río Negro, marcada por la sangría de legisladores de su propia bancada, fricciones por loteos en el Cerros Catedral y el avance de un armado opositor que integra a sectores libertarios y del PRO de cara a los próximos turnos electorales. Desde la oposición sostienen que la concentración de influencia sobre el fuero electoral y el Ministerio Público Fiscal busca construir un blindaje institucional frente a denuncias por manejos presupuestarios y, al mismo tiempo, neutralizar a los liderazgos emergentes en las principales ciudades de la provincia. Frente a la embestida opositora, en el entorno de la Gobernación desestiman las acusaciones asegurando que las designaciones cumplieron con todos los pasos constitucionales en la Legislatura. La pulseada por el control de la Justicia agudiza el clima de confrontación en la provincia.

La controversia en torno al Poder Judicial rionegrino promete escalar a medida que avancen los calendarios electorales locales y se definan causas de alto impacto político en los tribunales de Viedma. Si la oposición logra unificar las presentaciones judiciales fuera de la provincia, el impacto sobre la imagen del gobernador podría condicionar sus armados políticos y la gobernabilidad en el tramo medio de su mandato. La independencia de las instituciones provinciales se consolida como el tema central de la agenda institucional en el sur del país.

En última instancia, el cuestionamiento a la imparcialidad de los magistrados provinciales amenaza con erosionar la credibilidad de los fallos judiciales y deslegitimar los procesos de control electoral en Río Negro. De no mediar mecanismos transparentes de revisión en el Consejo de la Magistratura, la judicialización de la política continuará erosionando la calidad democrática del distrito. El desarrollo de las causas judiciales en la Patagonia mantendrá en vilo a las cúpulas partidarias locales.