TENSIONES GLOBALES
La reforma de la Ley de Biocombustibles llegó a su tramo decisivo. Con media sanción del Senado y el debate ya abierto en la Cámara de Diputados, el proyecto que impulsa el Gobierno nacional encendió las alarmas en Entre Ríos, una de las provincias donde el biodiésel pyme sostiene producción, inversión y empleo en el interior profundo. En la mira están las dos plantas que operan en la provincia: Bio Nogoyá, en la ciudad de Nogoyá, y la planta del Grupo Bolzán (Héctor A. Bolzán y Cía.), en Aldea María Luisa.
Ambas integran el segmento de las pymes "no integradas" —las que no producen su propia materia prima— y juntas aportan un cupo cercano a las 52.680 toneladas anuales de biodiésel al mercado interno. Son plantas nacidas y radicadas en el territorio entrerriano: Bio Nogoyá, surgida de la tradición agroindustrial de la familia Bolzán, sumó certificaciones de calidad y hasta una línea de glicerina refinada a grado farmacéutico que exporta, mientras el Grupo Bolzán combina la siembra, el biodiésel y la ovoindustria sobre la Ruta Nacional 12. Detrás de cada una hay empleo calificado y una cadena de valor que empieza en el campo entrerriano.
El proyecto eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero cambia la regla de fondo: en lugar de distribuir ese cupo entre las pymes, reserva para ellas una porción que arranca más abajo y se derrumba hasta un piso del 4%, mientras el resto queda para las grandes aceiteras integradas. "Si hoy las pymes hacemos el 7,5% y nos bajan al 4%, significa que la mitad de las pymes" quebraría, advirtió Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).
El golpe no es parejo. Según la cámara, las plantas más alejadas del puerto de Rosario —como las de Entre Ríos, San Luis, La Pampa y el sur bonaerense— serían las primeras en caer, porque pagan más por el transporte del aceite. "Hay una cancha inclinada que impediría a las pymes seguir funcionando", resumió Martelli, que denunció que las grandes aceiteras son hasta 20 veces más grandes que una pyme, controlan la materia prima y tienen ventajas impositivas: "No hay paridad de armas, no hay equivalencia".
Los números del sector dibujan la amenaza. La capacidad instalada del país ronda los 4 millones de toneladas de biodiésel frente a una demanda interna de apenas 1,2 millones, de modo que liberar el mercado sin reglas, lejos de generar competencia, concentra la producción. Si el proyecto avanza tal como salió del Senado, CEPREB estima la pérdida de 1.500 empleos directos y 8.000 indirectos. El propio secretario de Energía, Daniel González, admitió al presentar la iniciativa que habría "ganadores y perdedores", y que los perdedores serían las pymes. "Lo único que hay es una concentración en pocas manos y destrucción de pymes, sin ningún sentido", cerró Martelli.
La discusión escaló en la provincia. El diputado nacional Guillermo Michel (Entre Ríos) interpeló a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos para que la entidad y los productores entrerrianos fijen una posición frente al proyecto. "Solicitamos una reunión a efectos de evaluar vuestra posición en este tema", planteó en la nota dirigida a las autoridades de la institución, su presidente Diego Camuñas y su vicepresidente Héctor Bolzán. El dato no es menor: Bolzán es, además, uno de los referentes del grupo agroindustrial homónimo, titular de una de las dos plantas de biodiésel de la provincia, de modo que el debate toca de lleno a la propia conducción de la Bolsa.
Hasta el momento, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos todavía no respondió el pedido y su posición institucional sigue siendo una incógnita. El sector aguarda esa definición de cara al tratamiento del proyecto en Diputados.
En el plano legislativo, la media sanción salió por 41 votos a favor y 25 en contra. Acompañaron el proyecto los dos senadores de La Libertad Avanza por San Luis, Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, y los dos de Entre Ríos, Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch. El rechazo llegó desde el peronismo: el puntano Fernando Salino (Unión por la Patria) votó en contra —"No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación", cuestionó—, al igual que el pampeano Daniel Bensusán, que advirtió que la iniciativa "perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos". El sector pyme reclama, además, no haber sido convocado por el Poder Ejecutivo antes de la redacción del texto.
Frente al proyecto oficial, CEPREB impulsa una alternativa y busca construir consenso en torno a ella: dividir el mercado interno en un segmento reservado para que las pymes compitan entre sí —en igualdad de condiciones— y un segmento de libre mercado para las grandes aceiteras, además de elevar el corte. "Queremos competir entre empresas similares", sintetizó Martelli. La cámara sostiene que así se moderniza el régimen y se aumenta la producción sin condenar a las plantas del interior.
Con el debate abierto en Diputados, lo que se juega en Entre Ríos tiene nombres propios: los de Bio Nogoyá y el Grupo Bolzán, y los de los trabajadores de Nogoyá y Aldea María Luisa que dependen de que esas plantas sigan en marcha.
