TENSIONES GLOBALES
La discusión por la Ley de Biocombustibles dejó de ser abstracta para Bahía Blanca. Con la media sanción que el Senado le dio al proyecto el 18 de septiembre —41 votos a favor y 25 en contra—, la reforma que impulsa la senadora Patricia Bullrich quedó a un paso de convertirse en ley, y en la ciudad del sur bonaerense encendió todas las alarmas. En el centro de la preocupación está Bio Bahía, una de las diez plantas pyme bonaerenses que elaboran biodiésel y que, advierten, podría quedar fuera del negocio.
Bio Bahía, del Grupo Bahía, produce 40.896 toneladas de biodiésel al año, por un valor cercano a los 49 millones de dólares anuales, y es una de las empresas nucleadas en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). Según la cámara, su eventual cierre se llevaría puestos decenas de puestos de trabajo directos e indirectos en una ciudad que no está en condiciones de absorberlos.
El dato de contexto no es menor. En el aglomerado Bahía Blanca-General Cerri, la desocupación saltó del 7,8% al 10,1% en el primer trimestre de 2026, según el INDEC, por encima de la media nacional. En números concretos, los desocupados pasaron de unos 10.000 a cerca de 16.000 personas. A ese cuadro se sumaron despidos en la industria pesada local —como los más de 60 trabajadores que Dow desvinculó de su planta bahiense— que terminaron de dibujar un panorama laboral frágil. En ese escenario, la amenaza sobre Bio Bahía y las plantas pyme del biodiésel cae sobre un empleo que ya escasea.
El texto que obtuvo media sanción eleva el corte de biodiésel en el gasoil al 10%, pero divide el mercado en dos segmentos: las plantas "integradas" —ligadas a las grandes aceiteras, que producen su propia materia prima— y las "no integradas", es decir las pymes regionales como Bio Bahía. Para estas últimas, la cuota asegurada arranca en 6,5% y desciende de manera progresiva: 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% entre 2031 y 2036. "Vamos a pasar de un esquema más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio", definió la senadora Flavia Royón (Salta), que presentó el proyecto, y defendió que "se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036". La ley incorpora además una cláusula antimonopolio que impide que una empresa o grupo concentre más del 10% del biodiésel comercializado, con un tope de 50.000 toneladas anuales por firma.
Para las pymes, sin embargo, el diseño es una condena en cámara lenta. La materia prima —el aceite de soja— representa el 80% del costo del biodiésel, y las grandes integradas son al mismo tiempo proveedoras y competidoras de las plantas regionales. Por eso CEPREB sostiene que es "inaceptable" que el proyecto "perjudique a Bahía Blanca y concentre el negocio en seis multinacionales de Santa Fe". "La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes", resumió Federico Martelli, director ejecutivo de la cámara, para quien el texto "así como está no puede ser votado".
El rechazo atravesó partidos y jurisdicciones. En el Senado votaron en contra el peronismo, el radical bonaerense Maximiliano Abad y los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia. El senador Daniel Bensusán (PJ-La Pampa) fue tajante: "Este proyecto tal como está perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos". Su par José Mayans pidió un cuarto intermedio para renegociar el capítulo del biodiésel —moción que fue rechazada— y advirtió con una imagen que hizo ruido: "El pez más grande se va a comer al pez más chico". Desde el oficialismo, Bullrich intentó despejar las críticas: "No le estamos diciendo a una pyme que se arregle sola".
En la provincia, el gobernador Axel Kicillof recibió a los representantes de las pymes de CEPREB junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, rechazó el proyecto y se comprometió a defender el entramado productivo bonaerense y los puestos de trabajo de las economías regionales. Y en Bahía Blanca la preocupación cruzó la grieta: el concejal Emiliano Álvarez Porte (PRO-Libertad), pese a apoyar una nueva ley con más cortes, advirtió que "la competencia tiene que servir para producir más, invertir más y generar más empleo", calificó la propuesta de las pymes como "una salida viable" y marcó que su "prioridad en esta discusión es defender la producción, las inversiones y los puestos de trabajo de nuestra ciudad".
Frente al proyecto oficial, CEPREB impulsa una alternativa y busca construir consenso en torno a ella: elevar el corte al 12,5% y dividir el mercado interno en tres segmentos —5% para las pymes regionales, 2,5% para las no integradas del polo de Rosario y 5% de libre mercado—, todos con competencia por licitación y precios referenciales. El esquema termina con los cupos y precios fijados por el Estado, pero sin condenar a las plantas del interior.
Ahora la discusión se traslada a la Cámara de Diputados, sin cronograma definido. Para Bahía Blanca, lo que se juega en ese debate tiene nombre y apellido: el de una planta como Bio Bahía y el de las decenas de familias que dependen de que siga produciendo.
