Rodeado por mandatarios de diversos signos políticos en el marco de la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el jefe del Estado provincial arremetió de forma categórica contra la gestión de Javier Milei al asegurar que la ausencia de un plan de desarrollo nacional no solo paraliza la economía real, sino que golpea a todos los distritos por igual: «Estamos sufriendo todos las consecuencias de un modelo que abandona sus responsabilidades más elementales». La contundente declaración del mandatario bonaerense consolidó el frente común de reclamo federal ante el Palacio de Hacienda. El freno absoluto a las licitaciones públicas eleva al máximo la tensión entre La Plata y Balcarce 50.

Durante su alocución ante los medios, Kicillof argumentó que la decisión de cancelar la ejecución de obras viales, hídricas y de conectividad no representa un ahorro fiscal legítimo, sino un encarecimiento futuro debido al deterioro irreversible de rutas, puentes y puertos estratégicos para el transporte de la producción. El gobernador bonaerense remarcó que las provincias no cuentan con el margen financiero para absorber la totalidad de los proyectos interjurisdiccionales que quedaron abandonados a mitad de camino, alertando sobre la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción. En su duro diagnóstico socioeconómico, el dirigente opositor enfatizó que el corte de transferencias frena la competitividad de las economías regionales. La falta de mantenimiento en los corredores productivos amenaza con paralizar los flujos de exportación en el interior del país.

Desde el Gabinete económico nacional mantuvieron su postura intransigente al sostener que el equilibrio de las cuentas públicas y la meta del déficit cero son prioridades innegociables para contener la inflación, sugiriendo a las administraciones subnacionales acudir a esquemas de financiamiento privado o concesiones directas. No obstante, Kicillof y los jefes territoriales contrapusieron que regímenes como el RIGI o las inversiones hidrocarburíferas en Vaca Muerta resultarán inviables si el Estado nacional no garantiza la infraestructura básica de soporte logístico. Frente a las justificaciones de la Casa Rosada, los gobernadores insisten en que la inversión pública constituye un motor irreemplazable para la actividad económica. La disputa por los fondos de la obra pública se afianza como el principal catalizador de la grieta entre la Nación y las provincias.

La articulación del reclamo en el seno del CFI anticipa que la discusión por el reparto de los recursos y la reactivación de los proyectos clave será una condición insoslayable en las próximas negociaciones sobre el Presupuesto en el Congreso de la Nación. Si el Gobierno central no muestra margen de flexibilidad para destrabar las partidas congeladas, las bancadas provinciales prometen condicionar la agenda legislativa oficialista en ambas cámaras. El contrapunto por las obras estratégicas marcará la pauta del escenario político en el tramo final del año.

En paralelo, intendentes de distintos municipios bonaerenses advirtieron que la parálisis de los proyectos hídricos y de pavimentación incrementa la vulnerabilidad de los barrios frente a eventos climáticos adversos. Si la Nación no reactiva de forma urgente los giros prometidos, la administración provincial deberá reorientar sus propios recursos de capital para contener las demandas más apremiantes del Conurbano y el interior. El impacto territorial del recorte en infraestructura continúa reconfigurando el mapa de prioridades de la gestión bonaerense.