La postura del Poder Ejecutivo se consolidó luego de una serie de fallos favorables emitidos por la Corte, entre los que destacó la resolución sobre la Ley de Tierras que actuó como un salvavidas clave para blindar la vigencia del DNU 70/2023 antes de la frustrada sesión opositora en la Cámara de Diputados. La ratificación de la actual composición judicial confirma la sintonía táctica entre la Casa Rosada y la cúpula del Palacio de Tribunales. La decisión presidencial de cerrar la nómina busca congelar las negociaciones y evitar desgastes parlamentarios con la oposición.

Desde la mesa chica de Balcarce 50 aseguraron de forma tajante que en el Gobierno reina la plena satisfacción con el desempeño del tribunal bajo su formato de tres miembros, al punto de sostener que «nos está yendo bien con esta Corte, no tenemos por qué tocar nada». El giro de la estrategia oficial cobra mayor dimensión tras la reestructuración interna en el Ministerio de Justicia promovida por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, cuyo esquema tendió puentes directos con la titularidad del tribunal a través de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola. Los puentes informales tendidos desde la Secretaría General lograron neutralizar las presiones para sumar nuevos nombres al máximo órgano de justicia. El pragmatismo de la cúpula libertaria optó por preservar el statu quo judicial.

La resolución de mantener congeladas las vacantes dejó en el camino los constantes intentos de Ricardo Lorenzetti por convencer a la conducción libertaria de avanzar en la integración o ampliación del cuerpo mediante negociaciones en la Quinta de Olivos. Asimismo, la conducción de Horacio Rosatti —poco inclinada a sumar nuevos actores que reconfiguren la relación de fuerzas interna— encontró en el entendimiento con el oficialismo una garantía de estabilidad operativa para encarar los fallos de mayor sensibilidad institucional. Frente a las especulaciones sobre futuros nombramientos, el Gobierno obturó la posibilidad de remitir propuestas al Senado de la Nación. El cierre de las vacantes en la Corte le ahorra al Ejecutivo una desgastante negociación por los dos tercios en la Cámara alta.

Desde los bloques opositores y diversos sectores del ámbito jurídico arremetieron contra la medida al señalar que sostener una Corte con solo tres magistrados debilita la institucionalidad, afecta la división de poderes y expone una alianza funcional para blindar las normativas del Ejecutivo. Pese a las objeciones normativas sobre la anomalía de un tribunal reducido, el oficialismo confía en que la actual conformación le permitirá atravesar sin sobresaltos las futuras revisiones de sus Decretos de Necesidad y Urgencia. La controversia por la alegalidad de la composición promete mantener encendido el debate entre las espadas jurídicas del Congreso.

La decisión de Milei de ratificar la Corte de tres miembros redefine la dinámica de poder entre el Ejecutivo y el sistema judicial para los próximos años. Si el máximo tribunal continúa convalidando las herramientas de desregulación oficialistas, la Casa Rosada habrá consolidado un blindaje institucional decisivo sin haber tenido que ceder cuotas de poder en la repartición de bancas judiciales. La relación de convivencia entre Balcarce 50 y Tribunales seguirá marcando el pulso de la gobernabilidad nacional.