La presentación internacional se formalizó tras el violento operativo desplegado frente al Congreso de la Nación contra la marcha en defensa de la universidad pública, donde se registraron heridos, detenciones arbitrarias y maniobras de ocultamiento de pruebas. El reclamo ante los organismos internacionales busca visibilizar los abusos en la contención de la protesta social. El pedido de alerta internacional expone el deterioro de las garantías constitucionales.

En una maniobra que analistas jurídicos interpretan como un intento por desligar responsabilidades, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, radicó una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py exigiendo investigar a los manifestantes por supuestos delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad. La presentación oficial, que recayó en el Juzgado Federal N.º 6 subrogado por el juez Daniel Rafecas, pretende legitimar el accionar represivo de los casi 800 efectivos desplegados por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad. La judicialización de los manifestantes busca revertir la carga de la prueba sobre el costo social de la protesta. El uso de la vía penal por parte de la cartera de Seguridad reitera el esquema de persecución a las movilizaciones.

Paralelamente, relevamientos elaborados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dejaron al descubierto graves irregularidades durante la jornada de protestas, incluyendo imágenes televisivas donde se observa a efectivos de la Gendarmería Nacional levantando cartuchos de las arterias aledañas para dificultar el peritaje sobre el armamento utilizado. Pese a que los cuatro adultos aprehendidos durante los incidentes recuperaron su libertad tras declarar en sede judicial, la Fiscalía mantuvo abierto el expediente contra dos adolescentes bajo la aplicación del régimen penal juvenil. El encubrimiento de las pruebas de bala y perdigones incrementa la gravedad institucional del operativo. El sostenimiento de causas a menores enciende las alarmas en las defensorías públicas.

La estrategia del Ministerio de Seguridad orientada a penalizar la movilización ciudadana profundiza el clima de confrontación e incita la intervención de los fueros internacionales de protección de derechos humanos. Mientras las organizaciones sociales y de derechos humanos ratifican que mantendrán las denuncias sobre la cadena de mando, la conducción de Balcarce 50 insiste en respaldar las tácticas de disuasión callejera. La controversia por la represión institucional continuará escalando en la justicia nacional e internacional.

La recurrencia a la vía penal por parte de las autoridades para justificar la represión de la protesta social amenaza con naturalizar la violencia de Estado sobre el reclamo ciudadano. Si el fuero federal con valida la denuncia ministerial sin investigar los abusos de las fuerzas de seguridad, el derecho constitucional a la huelga y a la manifestación pacífica quedará severamente lesionado en la Argentina. El desenlace de las causas en Comodoro Py y la ONU será clave para medir la respuesta del Estado democrático.