Mandatarios de perfil marcadamente heterogéneo como Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Rodolfo Suárez (Mendoza) coincidieron en reclamarle al presidente Javier Milei la reactivación urgente de las obras públicas nacionales de carácter estratégico e interjurisdiccional para evitar el estrangulamiento de la producción y el transporte en las economías regionales. La cumbre de jefes territoriales en el CFI significó una potente demostración de coordinación federal tras el rol determinante de las provincias en el Congreso. El reclamo por el financiamiento del Estado nacional unificó a gestiones opositoras y dialoguistas.

El pronunciamiento conjunto se produjo el día después del triunfo político que lograron las provincias en el ámbito parlamentario al bloquear iniciativas o condicionar el tratamiento del DNU 70/23, demostrando el poder de fuego que ostentan las bancadas provinciales. Durante el encuentro, los ejecutivos subnacionales fundamentaron que el congelamiento absoluto de la inversión en infraestructura nacional genera un deterioro acelerado en rutas, puentes, corredores bioceánicos y obras hídricas que supera la capacidad presupuestaria de las arcas provinciales. La exigencia de presencia estatal en rutas y puertos busca preservar el dinamismo de las cadenas de exportación. La masa de gobernadores consolida su centralidad como el principal contrapeso institucional de Balcarce 50.

Durante el intercambio de diagnósticos, los mandatarios recalcaron que el mantenimiento de las vías navegables, el financiamiento de corredores de carga y las obras de conectividad energética resultan indispensables para que regímenes como el RIGI o Vaca Muerta logren traducir su potencial en desarrollo territorial. Frente a las críticas habituales del Poder Ejecutivo sobre el gasto público provincial, los gobernadores contrapusieron la necesidad de articular un esquema de coinversión o traspaso garantizado de recursos para evitar la parálisis de los polos industriales y agropecuarios. Frente al inmovilismo del Ministerio de Economía, las provincias avanzan en un frente común de negociación pragmática. El impacto de la falta de obras en la producción amenaza con agravar la recesión en el interior profundo.

El choque de modelos entre la prescindencia estatal que promueve la Casa Rosada y las exigencias de infraestructura que demandan las economías regionales ingresa en una etapa crítica de cara a las discusiones del Presupuesto. La capacidad de este bloque transversal de gobernadores para mantener la cohesión interna definirá si logran torcer la muñeca del Ministerio de Economía o si las provincias deberán reconfigurar de forma autónoma sus agendas de desarrollo. La presión unificada desde el CFI continuará marcando el ritmo de la relación entre la Nación y las provincias.