La reforma de la Ley de Biocombustibles dejó de ser un debate abstracto para convertirse en una amenaza en marcha. El Proyecto S-809/26, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, ya obtuvo media sanción en el Senado —41 votos a favor y 25 en contra, el 17 de septiembre— y ahora se discute en Diputados, donde el oficialismo busca convertirlo en ley. Para General Pico, ese avance tiene un nombre propio: Pampa Bio, una de las dos plantas pyme de biodiésel de La Pampa, que quedaría sin lugar en el mercado que hoy abastece.

En el norte pampeano opera Pampa Bio, una empresa que elabora y comercializa biodiésel, genera empleo y aporta de manera decisiva a la economía local. Según los datos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), tiene una producción asignada de 40.896 toneladas al año y genera valor por 49 millones de dólares anuales. Junto con Enresa, la planta de Catriló, La Pampa reúne una capacidad cercana a las 100.000 toneladas anuales. De concretarse el cierre, se perderían decenas de puestos de trabajo directos e indirectos, crecería la desocupación en la ciudad y el municipio vería reducida su recaudación de impuestos y tasas.

El golpe llegaría en el peor momento. La industria argentina atraviesa una ola de cierres sin precedentes: según el Observatorio IPA, el sector ya expulsó a más de 77.000 trabajadores y cerró definitivamente 3.100 fábricas, y las proyecciones privadas advierten que 2026 podría terminar con cientos de miles de empleos formales menos. En General Pico —uno de los polos industriales del interior pampeano— cada fuente de trabajo que se apaga pesa el doble.

La reacción de La Pampa fue inmediata y transversal. En la sesión del Senado, los dos senadores aliados del Gobierno por la provincia —Victoria Huala (PRO) y Daniel Kroneberger (UCR)— dejaron sus bancas vacías y no aportaron al quórum, mientras que el senador pampeano de Unión por la Patria, Bensusán, rechazó de lleno la derogación de la Ley 27.640, que daba seguridad jurídica al sector hasta 2030. La provincia resistió con representantes de los tres espacios: el oficialismo nacional no encontró en La Pampa ni a sus propios aliados.

El rechazo pampeano, además, no es nuevo ni coyuntural. El gobernador Sergio Ziliotto se paró del lado de las empresas locales y comparte el rechazo a la ley, al punto de que la Secretaría de Energía provincial abrió reuniones con la cámara del sector. Y se produjo un hecho infrecuente: el PJ y el PRO pampeanos quedaron en la misma vereda. "Esta misma Liga quiso poner en la Ley Bases el proyecto y nosotros nos opusimos. Estamos en contra porque no tiene en cuenta a La Pampa. Es una modificación para los que están cerca del puerto que perjudica a los del interior en biodiésel", planteó el diputado nacional del PRO Martín Maquieyra.

Desde el peronismo, el diputado pampeano Ariel Rauschenberger denunció cómo se tramitó el proyecto en comisión. "A Martelli no lo dejaron hablar. Vino Llaryora a decir que apoyaba la ley y a pedir que saliera rápido. Yo planteé que hablaban de federalismo, pero que ahí faltaban La Pampa, San Luis, Buenos Aires y Entre Ríos, que representan al 65% de todas las pymes de Argentina", relató. La bronca no era solo por el contenido de la ley, sino por el modo: los perjudicados denuncian que se los dejó afuera de la discusión.

El corazón del reclamo es la desventaja estructural de las plantas del interior. El director ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli, lo explicó con números: "El flete hasta la planta para esas empresas [las del polo de Rosario] es prácticamente nulo, pero para una compañía de La Pampa, de San Luis o Buenos Aires es de 30, 40 o 50 dólares por tonelada. En 3.000 toneladas de aceite, que es lo que se compra en un mes, son 120 mil dólares de sobrecosto". Esa brecha logística es la que la reforma ignora al poner a competir a las pymes del interior contra las aceiteras pegadas al puerto.

El resultado, advierte el sector, es un vaciamiento programado. "La ley asegura un pequeño porcentaje para todas, pero es un porcentaje que no justifica prender las máquinas", resumió Martelli, que pronostica que Santa Fe —hoy con cerca del 30% del biodiésel para el corte— pasaría a producir el 80%. "Si esta ley llega al recinto, esperamos que sea rechazada. Es un retroceso de la política y del sector, sobre todo porque perjudica a provincias que tienen mucha potencia", sostuvo el dirigente.

Para entender por qué preocupa, hay que mirar el diseño de la reforma. El proyecto deroga la Ley 27.640 —vigente hasta 2030— y la reemplaza por un régimen presentado como "desregulado y libre". Sube el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero habilita el coprocesamiento, que permite a las petroleras fabricar el combustible dentro de sus propias refinerías y computarlo como parte del corte, sin comprárselo a las pymes. Ese mecanismo escala hasta 3 puntos, de modo que el mercado real para las elaboradoras independientes se reduce a cerca del 7%.

A esa poda se suma el nudo del conflicto: la cuota reservada a las empresas "no integradas" —las pymes que compran el aceite en vez de producirlo— se achica año a año. Hoy abastecen el 100% del biodiésel del corte interno; con la media sanción, su participación cae a 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% más adelante, mientras el resto queda liberado y lo absorben las grandes cerealeras. Leído en detalle, es un cronograma de extinción: la pyme se queda sin mercado de manera programada.

El punto central es que no se trata de una competencia pareja. La materia prima —el aceite de soja— representa el 80% del costo del biodiésel, y las grandes aceiteras integradas son al mismo tiempo proveedoras y competidoras de las pymes. "La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes, y afecta a toda la cadena de valor de la soja", resumió Martelli en su momento. Quien controla el insumo, advierte el sector, se queda con el negocio.

Lo que está en juego excede a General Pico. Son 25 plantas pyme en cinco provincias —Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis— que producen el 100% del biodiésel del corte interno, facturan alrededor de 1.000 millones de dólares al año y sostienen unos 9.500 empleos, radicados en el interior. El entramado va más allá de la planta: la demanda regional de aceite tracciona cientos de extrusoras pyme que molturan el grano cerca del productor. Cuando una planta de biodiésel cierra, no se apaga solo una fábrica: se corta un eslabón que arrastra empleo en el transporte y en los servicios, y una planta que baja la persiana en el interior no vuelve a abrir.

Frente al proyecto oficial, CEPREB no se planta solo en el rechazo: propone elevar el corte al 12,5% y dividir el mercado interno en tres segmentos —uno para las pymes regionales, otro para las no integradas del polo de Rosario y otro de libre mercado para las grandes aceiteras, hoy ausentes del corte—, con competencia por licitación. El argumento es de coherencia: el propio proyecto segmenta el bioetanol entre caña y maíz para proteger realidades productivas distintas; el sector pyme reclama el mismo criterio para el biodiésel. "No pedimos una excepción: pedimos que el mismo principio se aplique de manera coherente", plantea la cámara.

La discusión, entonces, no es entre desregular o no desregular, sino sobre si se puede modernizar el régimen sin destruir un entramado productivo federal. Para General Pico, el resultado de esa apuesta no es una abstracción de política energética: es la diferencia entre sostener una fuente de trabajo o sumarla a la lista de fábricas apagadas. Mientras la ley avanza en Diputados y La Pampa se abroquela en su defensa, la pregunta que recorre la provincia es por qué el Congreso insiste con un texto que amenaza a Pampa Bio y a las pymes del interior, en lugar de buscar una salida que no deje a nadie afuera.