La reforma de la Ley de Biocombustibles dejó de ser un debate abstracto del Senado para convertirse en una amenaza concreta y en marcha. El Proyecto S-809/26, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, ya obtuvo media sanción en la Cámara alta —41 votos a favor y 25 en contra, el 17 de septiembre— y ahora se debate en Diputados, donde el oficialismo busca convertirlo en ley. Para Junín, ese avance tiene un nombre propio: Biobin, la única planta de biodiésel de la ciudad, que quedaría sin lugar en el mercado que hoy abastece.

En el parque industrial juninense opera Biobin, una empresa que elabora y comercializa biodiésel, genera empleo y aporta de manera decisiva a la economía local. Según los datos de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), tiene una capacidad instalada cercana a las 50.000 toneladas anuales y una producción asignada de 40.896 toneladas al año, que generan valor por 49 millones de dólares anuales. De concretarse el cierre de la planta, se perderían decenas de puestos de trabajo directos e indirectos, crecería la desocupación en la ciudad y el municipio vería reducida su recaudación de impuestos y tasas.

El golpe llegaría en el peor momento. La industria argentina atraviesa una ola de cierres sin precedentes: según el Observatorio IPA, el sector ya expulsó a más de 77.000 trabajadores y registró el cierre definitivo de 3.100 fábricas, y las proyecciones privadas difundidas por la prensa económica advierten que 2026 podría terminar con hasta 500.000 empleos formales menos y 40.000 unidades productivas cerradas en todo el país. En ese cuadro, cada fuente de trabajo que se apaga en el interior pesa el doble, y Junín —que ya sufrió el cierre de fábricas en su parque industrial en los últimos años— conoce bien el costo social de esa sangría.

La alarma ya tiene voz en el Concejo Deliberante. "El proyecto para modificar la ley perjudica a las pymes para beneficiar a multinacionales. Para el caso de Junín, pone en peligro a Biobin, una empresa que genera valor por 49 millones de dólares anuales y sostiene decenas de puestos de trabajo. Llama la atención el silencio de los intendentes ante la amenaza de mayor desocupación local", advirtió la concejala Belén Veronelli, del Bloque Libertad y Justicia.

El reclamo escaló también a la Legislatura bonaerense. El senador provincial Pablo Petrecca, que gobernó Junín durante ocho años, presentó un proyecto de declaración para que el Gobierno de Axel Kicillof adopte medidas que protejan a las pymes del biodiésel frente a la reforma nacional. En los fundamentos advierte que una apertura del mercado sin una transición que contemple las diferencias de costos y logística entre los distintos actores podría reducir drásticamente la actividad de las plantas no integradas del interior bonaerense. El legislador cuestiona, además, que la gestión provincial "llega tarde" ante un problema que no es nuevo.

Petrecca enmarca el planteo en datos concretos: en territorio bonaerense funcionan diez plantas pyme de biodiésel —en Junín, Ramallo, Pilar, Saladillo, Daireaux y Bahía Blanca—, con una producción asignada de unas 346.000 toneladas anuales, que generan alrededor de 500 puestos de trabajo directos y otros 3.000 indirectos. Su propuesta reclama una transición que aumente la competencia sin empujar a las pymes fuera del mercado de un día para el otro, preservar durante ese período una participación específica para esas empresas y fijar límites que eviten una mayor concentración. También le pide a la Provincia una estrategia propia: ampliar la demanda de biodiésel local, incorporarlo a flotas y servicios públicos y desarrollar infraestructura de logística y puertos.

Para entender por qué preocupa, hay que mirar el diseño de la reforma. El proyecto propone derogar la Ley 27.640 —vigente hasta 2030— y reemplazarla por un régimen presentado como "desregulado y libre". Sube el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, pero incorpora una letra chica decisiva: el coprocesamiento, que permite a las petroleras fabricar el combustible dentro de sus propias refinerías y computarlo como parte del corte, sin comprárselo a las pymes. Ese mecanismo escala hasta un tope de 3 puntos, de modo que el mercado real para las elaboradoras independientes se reduce a cerca del 7%.

A esa poda se suma el corazón del conflicto: la cuota reservada a las empresas "no integradas" —las pymes que compran el aceite en vez de producirlo— se achica año a año. Hoy abastecen el 100% del biodiésel del corte interno; con la media sanción, su participación cae a 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% más adelante, mientras el resto queda liberado y lo absorben las grandes cerealeras. Leído en detalle, es un cronograma de extinción: la pyme se queda sin mercado de manera programada.

"Condenar a las empresas a la quiebra no es desregulación ni libre mercado; es cambiar una regulación por otra que direcciona arbitrariamente a sus beneficiarios. Se impulsa una 'falsa segmentación' que ignora las verdaderas diferencias estructurales que determinan la capacidad de competir", sostuvo Veronelli. El punto central es que no se trata de una competencia pareja.

La materia prima —el aceite de soja— representa el 80% del costo del biodiésel, y las grandes aceiteras integradas son al mismo tiempo proveedoras y competidoras de las pymes. Un diferencial de apenas 10% en los costos alcanza para desplazar a una planta regional. "La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes, y afecta a toda la cadena de valor de la soja. Así como está no puede ser votada; hay que hacer una ley equilibrada en la que el corte crezca en serio y las pymes sigan produciendo", resumió Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB. Quien controla el insumo, advierte el sector, se queda con el negocio.

El malestar quedó expuesto en la propia votación del Senado. El radical bonaerense Maximiliano Abad sintetizó el saldo para su distrito con una frase: "Mi provincia perdió". También rechazaron la reforma el peronismo —con la excepción del tucumano Juan Manzur— y senadores de San Luis y Santa Cruz, provincias con pymes de biodiésel. El oficialismo logró la media sanción con el respaldo del PRO, la UCR y los partidos provinciales, muchos de ellos productores de bioetanol, el gran ganador de la ley. En Diputados, un primer intento de votación exprés fue rechazado y el debate sigue abierto.

Lo que está en juego excede a Junín. Son 25 plantas pyme en cinco provincias —Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis— que producen el 100% del biodiésel del corte interno, facturan alrededor de 1.000 millones de dólares al año y sostienen unos 9.500 empleos, en su mayoría calificados y radicados en pueblos del interior. El entramado va más allá de la planta: la demanda regional de aceite tracciona alrededor de 400 extrusoras pyme que molturan el grano cerca del productor. Cuando una planta de biodiésel cierra, no se apaga solo una fábrica: se corta un eslabón que arrastra empleo en el transporte, en los servicios y en toda la cadena de valor que la rodea, y una planta que baja la persiana en el interior no vuelve a abrir.

Frente al proyecto oficial, CEPREB no se planta solo en el rechazo: propone elevar el corte al 12,5% y dividir el mercado interno en tres segmentos —5% para las pymes regionales, 2,5% para las no integradas del polo de Rosario y 5% de libre mercado para las grandes integradas, hoy ausentes del corte—, con competencia por licitación. El argumento es de coherencia: el propio proyecto segmenta el bioetanol entre caña y maíz para proteger realidades productivas distintas; el sector pyme reclama el mismo criterio para el biodiésel. "No pedimos una excepción: pedimos que el mismo principio se aplique de manera coherente", plantea la cámara.

La discusión, entonces, no es entre desregular o no desregular, sino sobre si se puede modernizar el régimen sin destruir un entramado productivo federal. Para Junín, el resultado de esa apuesta no es una abstracción de política energética: es la diferencia entre sostener una fuente de trabajo o sumarla a la lista de fábricas apagadas. Mientras la ley avanza en Diputados, la pregunta que recorre la ciudad es por qué el Congreso insiste con un texto que amenaza a Biobin y a las pymes del interior, en lugar de buscar una salida que no deje a nadie afuera.