La combinación del drástico recorte en los subsidios estatales con los sucesivos aumentos tarifarios provocó que el costo del boleto escalara a un ritmo que superó de forma holgada tanto la evolución de los salarios como los índices generales de inflación. El desmedido encarecimiento del boleto alteró de manera drástica el presupuesto diario de las familias de los sectores medios y trabajadores. El impacto directo sobre los ingresos populares transformó al boleto de colectivo y tren en un gasto prohibitivo para amplios sectores.
Como correlato directo del ajuste en el cuadro tarifario, las mediciones del sector registraron una contracción cercana al 20% en la cantidad de viajes realizados en los principales medios de transporte urbano e interurbano. Millones de usuarios se vieron forzados a modificar sus pautas de movilidad cotidiana, reduciendo traslados prescindibles, recurriendo a caminatas o buscando alternativas informales para paliar el costo diario de ir a trabajar o estudiar. El desplome en el volumen de viajes refleja un fenómeno de movilidad acotada que afecta el dinamismo comercial y laboral en las principales áreas metropolitanas. La menor circulación de la población opera como un indicador visible de la recesión económica.
Dirigentes de cámaras empresarias del transporte e integrantes de entidades de usuarios advierten que este esquema desregulatorio pone en jaque la sostenibilidad de todo el sistema público. Mientras las empresas reclaman que la baja en el número de pasajeros reduce los ingresos operativos y dificulta el mantenimiento de las unidades, desde los sindicatos del sector denuncian que la caída del servicio amenaza el empleo y la frecuencia en las frecuencias habituales. Frente al retroceso sostenido en la demanda de pasajes, la crisis del sistema de transporte profundiza el malestar social en los centros urbanos. Las exigencias de revisar el esquema tarifario cobran fuerza en la agenda pública.
El escenario configurado por las medidas del Gobierno nacional expone las fallas de un modelo que trasladó de manera brusca e íntegra los costos de operación a los usuarios sin una recomposición paralela de los ingresos reales. Sin un cambio en la política de subsidios o una recuperación del poder adquisitivo, la pérdida de pasajeros amenaza con consolidarse como un rasgo estructural de la crisis de conectividad urbana. La evolución de las tarifas y del flujo de pasajeros se mantendrá como uno de los focos centrales de la tensión económica y social.