Con esta resolución, el tribunal de alzada dejó firme la revocación de su sobreseimiento previamente dispuesto, convalidando el procesamiento y garantizando la prosecución de las actuaciones en la fuero federal de Comodoro Py. El revés judicial para el ex funcionario frena el intento de archivar el expediente de forma definitiva. La decisión de los magistrados consolida la continuidad del trámite penal en los tribunales federales.

La causa tuvo su origen en las denuncias impulsadas por la firma Hidden Lake S.A., vinculada al magnate británico Joe Lewis, a raíz de una serie de resoluciones e inspecciones llevadas a cabo por la IGJ durante la gestión del ex funcionario, las cuales la empresa calificó como arbitrarias y configurativas de un eventual abuso de autoridad. Si bien en una primera instancia el juzgado actuante había dictado el sobreseimiento del ex titular del organismo fiscalizador, la Cámara Federal anuló esa medida e impulsó su procesamiento, criterio que ahora encuentra respaldo en el fuero de Casación. Las imputaciones por abuso de autoridad e incumplimiento continuarán bajo revisión del juez de la causa. El diferendo por los controles a la sociedad anónima mantiene abiertas las actuaciones judiciales.

Desde el entorno de la querella celebraron el pronunciamiento de la Cámara de Casación al señalar que la decisión pone de manifiesto la improcedencia de los actos administrativos dirigidos contra la firma en la zona cordillerana. Por su parte, la defensa de Nissen argumenta que las fiscalizaciones y requerimientos cursados sobre la titularidad del inmueble respondían estrictamente a las atribuciones normativas que la ley le confiere a la IGJ en materia de contralor sobre sociedades comerciales extranjeras. Frente al fallo de la Sala I, el trámite penal ingresa en la etapa previa al elevamiento a juicio oral. La puja entre la fiscalización estatal y la querella privada suma un nuevo hito procesal.

El avance del caso en los tribunales de Retiro es seguido con atención en el ámbito jurídico y político por sus implicancias respecto de los límites en la actuación de los organismos de control estatal sobre sociedades comerciales e inversiones en zonas de frontera. Los magistrados ratificaron que los planteos de la defensa no logran demostrar arbitrariedad en la revocación del sobreseimiento, habilitando así la recolección de pruebas remanentes. El desenlace de la causa contra el ex titular de la IGJ se encamina a definir responsabilidades en la sede del tribunal oral.