La inminencia del número puso en máxima alerta a la conducción de La Libertad Avanza en el Congreso, que desplegó febriles gestiones de último momento para desactivar la sesión especial. El conteo voto a voto en la Cámara Baja elevó al máximo la tensión entre el Palacio Legislativo y Balcarce 50. La posibilidad de un rechazo definitivo al decreto reconfigura el tablero de alianzas.

Ante el ajustado margen parlamentario, los operadores del Poder Ejecutivo concentraron sus presiones sobre los gobernadores de Tucumán (Osvaldo Jaldo), Salta (Gustavo Sáenz) y Santa Fe (Maximiliano Pullaro), a la vez que intensificaron las conversaciones de emergencia con la administración de Catamarca, conducida por Raúl Jalil. La Casa Rosada busca condicionar el envío de transferencias discrecionales, partidas para obras públicas y acuerdos en materia minera e industrial a cambio de que los legisladores que responden directamente a esos mandatarios se ausenten del recinto o voten en sintonía con el oficialismo. El alineamiento de los ejecutivos provinciales resulta determinante para inclinar la balanza en la votación. Las negociaciones de fondos por gobernabilidad dominan la agenda federal.

Desde la bancada oficialista confían en que las concesiones sectoriales y las mesas de diálogo abiertas con los mandatarios del Norte Grande logren restar los dos respaldos que le faltan a la oposición para abrir la sesión. No obstante, sectores opositores confían en sumar a diputados radicales desalineados con la conducción partidaria y a legisladores patagónicos para sobrepasar el umbral reglamentario y forzar el debate del DNU. Frente a la paridad de fuerzas, el margen de error para ambos sectores se redujo a la mínima expresión. Las horas previas al llamado a sesión mantendrán abiertas las negociaciones informales.

De concretarse la sesión y alcanzarse la mayoría simple en el recinto, la Cámara de Diputados asestaría un duro golpe político al esquema normativo del Gobierno, dado que el Senado ya rechazó el DNU 70/23, lo que implicaría su derogación definitiva según los términos de la Ley 26.122. En el entorno del Presidente sostienen que, aun frente a un revés parlamentario, la estrategia oficial mantendrá el rumbo de desregulación mediante decretos sectoriales y proyectos de ley fragmentados. La definición parlamentaria en la Cámara de Diputados marcará un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.