La medida implica la quita de los descuentos tarifarios que alcanzaban hasta el 50% de la factura de gas natural para los usuarios residenciales ubicados en regiones climáticas adversas. El recorte dispuesto por la Secretaría de Energía derivará en incrementos exponenciales en los montos finales de las facturas que abonarán los hogares del centro y sur de la Argentina. La decisión gubernamental acelera el retiro del Estado en la contención de los costos energéticos.

La normativa establece, en forma paralela, una nueva actualización en el precio del PISB (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) y fija un recargo impositivo que alcanzará hasta el 7,5% sobre el precio PISB del gas. Esta sobretasa se aplicará de manera generalizada para financiar el fondo fiduciario residual, sumándose a los incrementos mensuales programados por el Palacio de Hacienda para quitar la totalidad de las transferencias directas a los componentes de distribución y transporte. Para las economías familiares de las zonas patagónicas, cordilleranas y del sur bonaerense, la combinación de la pérdida del beneficio y el nuevo recargo redundará en un impacto devastador sobre el presupuesto del hogar. La quita de la segmentación geográfica genera un fuerte malestar en los distritos afectados.

Desde el Ministerio de Economía argumentaron que el régimen anterior generaba distorsiones fiscales e inequidades en la distribución de los fondos públicos, subsidiando consumos en segmentos poblacionales con capacidad de pago. Fuentes oficiales remarcaron que el nuevo esquema busca focalizar la asistencia exclusivamente en los sectores vulnerables bajo criterios estrictos de nivel de ingresos y patrimonio. Frente a las críticas de las provincias, la conducción económica defiende que la corrección de las tarifas resulta indispensable para garantizar la sustentabilidad del sistema energético y atraer inversiones privadas en Vaca Muerta. La Casa Rosada prioriza el equilibrio fiscal por sobre las compensaciones regionales.

El anuncio provocó la reacción inmediata de los gobernadores patagónicos y del sur de la provincia de Buenos Aires, así como de las bancadas opositoras en el Congreso de la Nación, quienes anticiparon que llevarán la controversia ante los tribunales federales y solicitarán la derogación de la resolución. Diputados del peronismo y de bloques provinciales remarcaron que el beneficio de Zona Fría fue ratificado por una ley del Congreso y advirtieron que su desmantelamiento administrativo atenta contra el federalismo y la calidad de vida en zonas con temperaturas extremas. Ante la escalada del conflicto político, intendentes de diversos municipios no descartan presentar amparos colectivos en resguardo de sus vecinos. El sesgo tarifario tensiona la relación con los mandatarios del interior.

La eliminación masiva de las compensaciones tarifarias en el servicio de gas natural se inscribe en el proceso más amplio de adecuación de precios relativos que impulsa el Gobierno nacional de cara a los meses de mayor demanda invernal. La capacidad de las familias de las zonas frías para absorber los nuevos aumentos definirá el nivel de morosidad en las empresas distribuidoras y la conflictividad social en los municipios patagónicos. Mientras tanto, las entidades de usuarios recomiendan revisar las facturaciones recibidas. El costo de la energía se afianza como el principal vector de tensión con las provincias.