La medida oficial dispone el traspaso del personal técnico a la órbita de la Secretaría de Comercio. El colectivo científico denuncia una nueva embestida contra la capacidad de regulación del Estado.

El motivo de la relocalización forzada responde a la reestructuración de las tareas de control comercial, en donde el Poder Ejecutivo busca destinar a los especialistas a la evaluación ex post de los productos e insumos importados que ingresan al mercado interno. Desde los sindicatos y los equipos técnicos del instituto advirtieron que la disolución de los controles previos de metrología —encargados de calibrar e inspeccionar desde surtidores de combustible y balanzas comerciales hasta balanzas médicas y medidores de energía— conlleva un “severo peligro” para la seguridad ciudadana y el comercio justo. La falta de verificación técnica en origen debilita la protección de los consumidores. La flexibilización de estándares facilita el ingreso de productos sin homologación previa.

En los despachos de la Secretaría de Comercio y del Ministerio de Economía defienden la reconfiguración de las funciones al argumentar que los esquemas de fiscalización anterior actuaban como una traba burocrática e ineficiente que encarecía los procesos de importación y afectaba la competitividad. Las autoridades sostienen que la migración del esquema hacia verificaciones posteriores alineará a la Argentina con las mejores prácticas internacionales de desregulación y facilitación del comercio exterior. Sin embargo, dentro del INTI remarcan que la pérdida de la soberanía metrológica desarma décadas de desarrollo científico y conocimiento acumulado. El oficialismo prioriza la simplificación de trámites por sobre el control estatal preventivo.

La movilización sindical en el predio de San Martín repercutió rápidamente en el ámbito parlamentario, donde bloques de la oposición presentaron pedidos de informes para que las autoridades del organismo den explicaciones sobre el destino de las capacidades operativas del instituto. Diputados de la oposición señalaron que el desmantelamiento sistemático de las áreas de calibración y control de calidad afecta de forma directa al entramado industrial exportador, el cual requiere de certificaciones de origen con reconocimiento internacional para ingresar a mercados exigentes. Ante la escalada de la protesta, las bases operativas analizan profundizar las medidas de fuerza. El malestar gremial se extiende en las dependencias públicas del sector científico.

El reclamo en el INTI se inscribe en un escenario más amplio de desmantelamiento y reducción presupuestaria que alcanza al Conicet, el INTA y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), reavivando el debate sobre el rol del conocimiento técnico en la estructura productiva nacional. La capacidad del Ministerio de Economía para sostener el plan de reestructuración sin paralizar los servicios esenciales de metrología medirá el alcance de la reforma administrativa en las áreas tecnológicas. Mientras tanto, la asamblea permanente de los trabajadores mantiene en vigencia las medidas de contención. La resistencia técnica frente al ajuste suma un nuevo frente de conflicto.