La estructura de control no quedará únicamente en manos de los empresarios locales Walter Román y Mauricio Filiberti, sino que será liderada en un 55% por PHX Aqua, un vehículo de inversión articulado por el Phoenix Global Fund, un fondo de fondos radicado en la isla de Curazao. El desembarco de capitales de alto riesgo en un servicio público esencial reabre los interrogantes sobre la transparencia y la identificación de sus beneficiarios finales. La arquitectura del nuevo operador cruza terminales en Willemstad, Londres y el AMBA.

El vehículo societario PHX Aqua, constituido bajo la legislación de los Países Bajos y respaldado por sociedades radicadas en el enclave fiscal caribeño, actuará como la punta de lanza financiera del conglomerado que destronó la propuesta del Grupo Roggio. A diferencia de sus socios operativos —la brasileña Arcos Saneamento, la constructora Rowing y la firma Transclor—, la entidad caribeña no registra antecedentes en la prestación de servicios sanitarios, enfocando su portafolio en apuestas de alto rendimiento en mercados de frontera. En los prospectos reservados del fondo, las inversiones se distribuyen en activos especulativos de India, Emiratos Árabes y diversos mercados emergentes. La lógica del capital internacional desembarca en el grifo metropolitano.

La consolidación del consorcio adjudicatario genera un particular cruce de intereses políticos e industriales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con la incorporación de Transclor, Mauricio Filiberti —histórico proveedor exclusivo de coagulantes para la potabilización y socio de José Luis Manzano en Edenor— pasa a integrar el bloque propietario de su principal cliente estatal, cerrando un esquema de integración vertical sin precedentes. A esta sinergia de proveedores se suma el liderazgo de la firma Rowing, comandada por Walter Román, que aportará la capacidad operativa de infraestructura. La combinación de contratistas locales y fondos de riesgo define el nuevo mapa del sector.

La irrupción de una entidad radicada en un territorio de nula o baja tributación impone un desafío fiscal y reglamentario para las autoridades del Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Si bien desde el Palacio de Hacienda ponderan el ingreso de divisas frescas y el cese de las transferencias del Tesoro nacional para gastos de capital, especialistas del sector advierten sobre las exigencias de inversión futura, estimadas en más de 1.900 millones de dólares para la primera década. Frente al compromiso de obras, los analistas dudan sobre la disposición de un fondo de riesgo para afrontar desembolsos de lenta amortización. La fiscalización del contrato concesionado requerirá un control riguroso.

Las próximas semanas estarán dominadas por el proceso de formalización administrativa y la firma del decreto presidencial que traspasará definitivamente la concesión al consorcio privado antes de fin de año. La oposición parlamentaria y las organizaciones de usuarios ya anticiparon presentaciones ante los organismos de contralor para exigir precisiones sobre la nómina de directores y las garantías financieras otorgadas por el fondo caribeño. Mientras tanto, el mercado de servicios públicos procesa la mayor privatización del año. El futuro del agua potable queda entrelazado a las finanzas de ultramar.