El oficialismo apostaba a que el pronunciamiento de la Corte Suprema desinflara la presión política sobre el megaproyecto desregulador y neutralizara el intento legislativo. La estrategia de los bloques no oficialistas busca capitalizar el malestar social y legislativo acumulado. El Parlamento se encamina a una nueva pulseada de alto voltaje institucional.

La jugada parlamentaria opositora contempla un temario combinado que incluye, además del rechazo al decreto de desregulación económica —que ya había recibido un revés en el Senado—, iniciativas vinculadas a la prórroga de la emergencia en discapacidad y la contención de familias endeudadas. Desde las terminales del peronismo y los espacios dialoguistas sostienen que la dependencia del arbitraje judicial resulta insuficiente frente a las atribuciones constitucionales que detenta el Congreso. Ante este escenario de confrontación, los coordinadores de bancada redoblan los contactos para asegurar los números necesarios en el recinto. La búsqueda de quórum se convierte en el principal escollo operativo de la oposición.

En la vereda de enfrente, los operadores parlamentarios de La Libertad Avanza y sus aliados circunstanciales operan a contrarreloj para vaciar de voluntades la convocatoria opositora, contraponiendo agendas de debate propias y apelando a la disciplina de los gobernadores provinciales. Desde el oficialismo insisten en que la oposición carece del número mágico de 129 bancas para abrir formalmente el debate y aprobar el rechazo definitivo de la norma. La cúpula libertaria confía en que las fisuras internas del arco no oficialista jueguen a favor de la estrategia gubernamental. La defensa de la desregulación económica continúa siendo el eje innegociable del Palacio de Hacienda.

La tensión en la Cámara baja se enmarca en un clima de marcada conflictividad política, cruzada por las protestas sectoriales y las discusiones en torno al Presupuesto nacional. La posibilidad de que el Poder Legislativo logre invalidar formalmente un decreto estructural del Ejecutivo reabre el debate sobre los límites constitucionales de los instrumentos de excepción. Frente a este delicado equilibrio, los distintos espacios miden con calculadora en mano el costo político de cada ausencia en las bancas. El desenlace de la sesión marcará un punto de inflexión en la relación de fuerzas con la Casa Rosada.

Las horas previas al jueves próximo estarán dominadas por negociaciones subterráneas, llamadas cruzadas entre mandatarios provinciales y los jefes de bloque, y un fuerte operativo de presión política en los pasillos del Palacio Legislativo. La capacidad de resistencia del oficialismo se pondrá a prueba en el hemiciclo, donde cada voto contará para inclinar la balanza. Mientras tanto, los equipos técnicos ajustan los argumentos reglamentarios. El futuro del decreto fundacional de la gestión libertaria se juega en el terreno parlamentario.