La presentación judicial, impulsada por legisladores y auditores de la oposición, acusa al excolaborador del Ministerio de Economía de haber favorecido a una empresa vinculada a su propio entorno familiar en la adjudicación de la concesión de un corredor vial estratégico. La maniobra investigada por la Justicia pone bajo la lupa los mecanismos de licitación de rutas nacionales. El escrito acusa al exfuncionario de negociaciones incompatibles con la función pública.

De acuerdo con el expediente ingresado en la mesa de entradas del fuero federal, la firma beneficiada habría participado de un consorcio privado que se quedó con la explotación y el mantenimiento de trazas viales de alta circulación sin cumplir con los requisitos de idoneidad exigidos en los pliegos originales. Los denunciantes sostienen que el vínculo societario entre los accionistas de la prestataria y familiares directos del exsecretario de Transporte se mantuvo oculto mediante un entramado de testaferros y sociedades constituidas en el exterior. La presunta triangulación de contratos habría sido aceitada durante los meses de mayor reestructuración de peajes. Los elementos aportados en la causa detallan transferencias financieras cruzadas.

Desde el entorno de Franco Mogetta rechazaron categóricamente las imputaciones y calificaron la denuncia como una operación política destinada a enturbiar el programa de privatizaciones viales instrumentado por el Palacio de Hacienda. Voceros vinculados a la defensa del exfuncionario remarcaron que los pliegos de concesión pasaron por los correspondientes filtros de legalidad de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro sin que se registraran observaciones por conflicto de intereses. En ese sentido, los allegados al excolaborador defendieron la transparencia del proceso licitatorio. La administración central busca despejar cualquier manto de sospecha sobre el área.

La apertura de la investigación preliminar recayó en el juzgado federal a cargo de la subrogancia, con intervención del fiscal de turno, quien ya solicitó las primeras medidas de prueba para rastrear la trazabilidad de los fondos y los libros societarios de la empresa adjudicataria. El avance del expediente promete sumar tensión a la relación entre el Poder Judicial y los exfuncionarios del esquema libertario. Ante este escenario, la oposición legislativa prepara pedidos de informes en ambas cámaras del Congreso. El frente judicial complica la narrativa de pulcritud administrativa.

La controversia en torno a los contratos viales coincide con el debate por la transferencia de rutas y la eliminación de subsidios al transporte interurbano, temas que generan cortocircuitos permanentes con los gobernadores provinciales. La repercusión del caso en los despachos oficiales obliga a los principales armadores de la Casa Rosada a extremar los recaudos en el control de las designaciones y licitaciones en curso. Mientras tanto, los tribunales federales aceleran el análisis de las pruebas documentales. El escrutinio sobre la obra pública vuelve a poner en jaque a la gestión.

Las próximas semanas serán determinantes para definir si el fiscal interviniente impulsa la indagatoria del exsecretario o si desestima las acusaciones por falta de material probatorio sustancial. La evolución de la causa judicial se convertirá en un termómetro ineludible de la salud institucional del área de transporte. En paralelo, el entramado de concesiones viales sigue bajo la lupa de los organismos de control. La sombra de la corrupción salpica los resortes del Estado.