El titular del organismo de control, Juan Manuel Olmos, señaló que la conducción de la autoridad monetaria “erró en el cálculo” en medio de la utilización de las reservas físicas para transacciones de riesgo. La auditoría expuso un rojo inédito en las cuentas de la entidad financiera. El impacto de la maniobra reavivó las críticas políticas sobre la administración de los activos soberanos.

De acuerdo con los datos presentados por el organismo auditor, el quebranto total ascendió a 1.023 millones de dólares, compuesto por unos 960 millones derivados de resultados negativos en operaciones de derivados y otros 62,8 millones correspondientes al pago de primas de opciones. Desde la AGN advirtieron que, en la historia de los registros contables auditados del Banco Central, nunca se había constatado una merma de semejante magnitud originada en la exposición de las reservas metálicas enviadas al exterior. La utilización de los lingotes para este tipo de operaciones financieras desató cuestionamientos sobre la seguridad del patrimonio público. La oposición legislativa reclama explicaciones urgentes en el Parlamento.

Por su parte, las autoridades del Banco Central salieron al cruce de las conclusiones de la AGN y rechazaron de plano la existencia del millonario rojo operativo. A través de un comunicado oficial, la cúpula de la entidad sostuvo que el ejercicio contable cerró con un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares por su posición global en oro y acusó al organismo de control de utilizar argumentos con intencionalidad política. Desde el oficialismo defendieron la gestión de los activos y minimizaron el alcance de las observaciones técnicas. La disputa contable profundiza el choque institucional entre los órganos de contralor y el equipo económico.

La controversia en torno al manejo de las reservas auríferas se suma a las causas judiciales en trámite impulsadas por legisladores opositores contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Los denunciantes sostienen que el traslado físico de los lingotes hacia plazas financieras internacionales expuso al Estado a riesgos innecesarios sin contraprestaciones claras. Ante este escenario, los bloques parlamentarios evalúan ampliar las presentaciones en los tribunales de Comodoro Py. El frente judicial y político suma un nuevo foco de fricción para la Casa Rosada.

Las repercusiones del informe técnico anticipan una fuerte pulseada en el Congreso de la Nación, donde la oposición insistirá con la citación de los funcionarios involucrados para que detallen las condiciones de las operaciones financieras. La falta de precisiones sobre el paradero exacto y el estatus legal de los activos en el exterior alimenta la desconfianza de los mercados. Mientras tanto, la tensión institucional no cede. La pulseada por el manejo de las reservas se convierte en el centro de la escena política.