Senadores del bloque de Unión por la Patria formalizaron una denuncia penal para que se investigue la reserva aplicada sobre las valuaciones patrimoniales de las firmas públicas sujetas a venta. La acción impulsada por la oposición cuestiona la falta de transparencia en los pliegos de licitación. El reclamo judicial busca frenar la enajenación de activos estatales sin control.

El foco principal de la presentación se centra en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde los legisladores denunciaron la omisión deliberada de un precio base para la compulsa pública. Según consta en el escrito judicial, la decisión de mantener en reserva las valuaciones elaboradas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación vulnera los principios de publicidad de los actos de gobierno. Por este motivo, los denunciantes sostienen que la maniobra configura el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La ausencia de un piso económico genera sospechas de subvaluación.

Desde el entorno de Chaher y la Jefatura de Gabinete rechazaron las acusaciones y aseguraron que el procedimiento se ajusta a la normativa vigente para proteger el valor de las ofertas en el mercado. Funcionarios de la Secretaría de Empresas señalaron que revelar los montos antes de la apertura de los sobres podría condicionar las cotizaciones de los grupos interesados en ingresar al paquete accionario. En ese sentido, el oficialismo defiende la confidencialidad estratégica durante la etapa licitatoria. La Casa Rosada ratifica el rumbo del programa desregulador.

Por su parte, los bloques opositores en el Senado adelantaron que citarán al funcionario a la Comisión de Infraestructura para que brinde explicaciones sobre los dictámenes técnicos aplicados en las valuaciones. Dirigentes del PJ advirtieron que vender activos estratégicos sin conocer el valor real del patrimonio público constituye un perjuicio fiscal irreparable para el Estado nacional. Ante este escenario, la bancada opositora exige la suspensión de los llamados a licitación. La controversia por los pliegos escala en el Congreso de la Nación.

En el sector empresarial y financiero observan el contrapunto judicial con atención para medir la seguridad jurídica de las futuras concesiones. Consultores de la plaza local remarcaron que las objeciones legales sobre el proceso licitatorio podrían desincentivar la llegada de inversores extranjeros y derivar en la paralización de las adscripciones. Por esta razón, los grupos adjudicatarios piden garantías sobre la estabilidad normativa del esquema privatizador. El conflicto legal ensombrece las metas del programa de venta de activos.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas deberá definir en las próximas semanas si abre una investigación preliminar o si remite las actuaciones a los juzgados federales de Comodoro Py. El avance de las actuaciones judiciales determinará si el Gobierno nacional debe reformular los términos de los pliegos o si continúa con el cronograma previsto. Mientras tanto, la venta de empresas públicas atraviesa su mayor tensión institucional. El futuro de las privatizaciones queda supeditado al criterio de la Justicia.