CONFLICTO JUDICIAL EN EL MÁXIMO TRIBUNAL
El magistrado ratificó su intención de emitir un voto en desacuerdo sobre la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que deroga el régimen de propiedad rural. La falta de consenso interno obligó a iniciar el sorteo de dos conjueces para destrabar la votación. El procedimiento especial busca destrabar una definición institucional de alto impacto socioeconómico.
La discusión sobre la derogación de la Ley de Tierras generó una fractura expuesta entre los integrantes de la. Mientras un sector de los ministros pretende validar la vigencia de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, la postura intransigente de Rosenkrantz exige analizar la constitucionalidad del procedimiento por decreto. Ante la imposibilidad de construir una mayoría de tres votos concordantes, el tribunal decidió apelar al mecanismo extraordinario de integración. La designación de magistrados federales busca completar el quorum normativo necesario.
El llamado a los conjueces provenientes de los tribunales de alzada federales demorará la resolución definitiva del expediente durante varias semanas. Fuentes judiciales confirmaron que las notificaciones correspondientes comenzaron a remitirse para integrar el cuerpo de deliberación en el menor tiempo posible. Sin embargo, los tiempos procesales adicionales impactan directamente sobre la estrategia parlamentaria que se despliega simultáneamente en el Congreso. La incertidumbre jurídica prolonga las especulaciones del sector inmobiliario rural.
En el Palacio de Tribunales reconocen que el trasfondo de la controversia supera la mera hermenéutica constitucional sobre el dominio de inmuebles rurales. La firmeza de la postura de Rosenkrantz refleja las divergencias estructurales sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia dictados por la actual administración. Por este motivo, la votación dividida expondrá las diferentes visiones sobre la división de poderes dentro del máximo tribunal. El resultado marcará un precedente para futuros diferendos sobre desregulación económica.
Por su parte, desde el Poder Ejecutivo observan con marcada preocupación el empantanamiento de la causa y el posible rechazo del artículo desregulador. Operadores del Ministerio de Justicia consideran que una eventual sentencia adversa debilitaría el entramado normativo del decreto y daría argumentos a los bloques opositores en la Cámara de Diputados. Ante este panorama, el oficialismo nacional procura monitorear la nómina de magistrados sorteados para integrar la vocalía temporal. El desenlace del fallo mantiene en vilo al Gabinete.
La resolución que adopte el tribunal integrado por los ministros titulares y los dos conjueces sorteados resultará determinante para la validez de los contratos vigentes. La expectativa acumulada en torno a la sentencia mantiene congeladas las operaciones de compraventa de grandes extensiones territoriales en zonas limítrofes. Mientras se aguarda la aceptación de los cargos de las autoridades sustitutas, la interna en Retiro continúa al rojo vivo. La definición de la causa ingresa en su fase decisiva.
