Tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia que reabrió la vigencia del artículo 154, la atención de las bancadas opositoras y del Poder Ejecutivo se concentró en un grupo clave de 29 diputados nacionales. Este colectivo de legisladores indecisos sostiene la llave para alcanzar el quórum de 129 bancas necesario para derogar la disposición. La falta de posición orgánica responde a la complejidad técnica y al impacto productivo de la norma en las provincias.

Dentro de este grupo de parlamentarios bajo la lupa se ubican las bancadas que responden directamente a los gobernadores de Tucumán, Salta, Córdoba y Misiones, además de referentes de bloques provinciales independientes. La postergación de sus definiciones comiciales responde a las negociaciones paralelas que los ejecutivos subnacionales mantienen con la Casa Rosada en torno a las partidas presupuestarias del próximo ejercicio. Por este motivo, los legisladores supeditan sus votos a la obtención de certezas sobre el financiamiento de infraestructura local. La disciplina de bloque se resquebraja frente a las urgencias fiscales de los distritos.

En el Palacio del Congreso, referentes del oficialismo y coordinadores del área parlamentaria de La Libertad Avanza despliegan un intenso minado de reuniones para evitar la suma de las 129 voluntades necesarias. La estrategia libertaria apunta a convencer a un sector del radicalismo alineado con los gobernadores del centro del país y a referentes monobloquistas de que la liberación del mercado inmobiliario rural impulsará el ingreso de divisas directas. Sin embargo, la ausencia de una contrapropuesta de modificación limita el margen de convicción de la conducción oficialista. El oficialismo apuesta al ausentismo para bloquear el intento opositor.

Por su parte, los bloques que impulsan la sesión especial del próximo 15 de octubre apresuran las tratativas para convencer a los indecisos y garantizar la mayoría calificada. Diputados como Miguel Pichetto y los conductores de Unión por la Patria intensificaron la presión política advirtiendo sobre los riesgos de extranjeros adquiriendo zonas de seguridad de frontera y recursos hídricos sin tope alguno. En esa línea, los organizadores de la convocatoria advierten que la votación expondrá nominalmente la postura de cada representante sobre la soberanía territorial. La convocatoria opositora buscará forzar las definiciones de los parlamentarios dubitativos.

Desde los sectores productivos e inmobiliarios rurales siguen con suma atención la evolución de la masa de 29 votos no confirmados. Organizaciones agrarias y cámaras empresarias manifestaron posturas divergentes: mientras la Sociedad Rural valora la eliminación de cupos a la inversión extranjera, pequeños productores alertan sobre la especulación de capitales financieros. Ante este choque de intereses, los legisladores expuestos a la decisión reciben presiones cruzadas de los polos económicos locales. La controversia por la propiedad de la tierra trasciende la dinámica estrictamente partidaria.

La resolución que adopte este contingente de diputados indecisos en el recinto terminará por ratificar o revocar la estrategia desreguladora promovida por Balcarce 50. Las negociaciones que se desarrollen durante los días previos a la sesión especial resultarán determinantes para la suerte del decreto. En tanto, las comisiones de la Cámara Baja mantienen abierta la discusión contable y jurídica sobre el régimen de tierras. El equilibrio de poder parlamentario permanece atado a la definición de la masa crítica.