. La flexibilización de los controles de pesaje para el transporte de carga y la eliminación de normativas de mantenimiento vial derivaron en el colapso parcial de una junta del puente. El daño sobre la calzada obligó a interrumpir el tránsito pesado y provocó demoras kilométricas. Las autoridades provinciales responsabilizan a las medidas del ministro Federico Sturzenegger por el deterioro acelerado.

La decisión del Gabinete nacional de desmantelar los operativos fijos de fiscalización en rutas nacionales impidió verificar los límites de tonelaje permitidos en las Unidades de Transporte de Cargas. Como consecuencia directa, la circulación sin restricción de vehículos con exceso de peso causó el quiebre de los apoyos elásticos del viaducto interprovincial. La avería técnica puso en riesgo la seguridad vial de miles de usuarios que transitan a diario. El desperfecto generó el rechazo absoluto de las cámaras empresarias regionales y de los transportistas.

Frente a la gravedad de la contingencia, los gobiernos de ambas provincias debieron disponer operativos de emergencia coordinados por las fuerzas de seguridad locales. Equipos técnicos de Vialidad Nacional se desplazaron a la zona afectada para evaluar el impacto estructural y ejecutar reparaciones provisorias sobre la losa principal. Sin embargo, los especialistas advirtieron que la solución definitiva requerirá una inversión millonaria que el presupuesto central no tiene prevista. La falta de previsión oficial desencadenó un severo trastorno logístico para el comercio del Litoral.

Desde los bloques de la oposición política cuestionaron con dureza la doctrina de desregulación a ultranza promovida por la cartera que encabeza Sturzenegger. Legisladores opositores señalaron que la eliminación de organismos de control y la parálisis de la obra pública conducen inevitablemente al colapso de la infraestructura nacional. En ese sentido, anticiparon que presentarán un pedido de informes en el Congreso para determinar las responsabilidades administrativas y penales. Las críticas parlamentarias apuntan al abandono de la fiscalización estatal en las rutas.

Por su parte, voceros del Ministerio de Desregulación rechazaron las acusaciones y atribuyeron el incidente a la falta de inversiones históricas acumuladas durante las administraciones anteriores. Desde el Palacio de Hacienda insistieron en que el modelo de concesiones privadas se encargará de resolver el mantenimiento de la red vial sin demandar recursos del Tesoro nacional. Sin embargo, analistas del sector transporte remarcaron que el Estado no puede delegar el control del peso operativo. La controversia institucional escaló al centro de la agenda política nacional.

El restablecimiento pleno de la circulación sobre el viaducto quedará supeditado a la finalización de los trabajos de consolidación estructural programados para las próximas semanas. Mientras tanto, el sector productivo de la región padece importantes pérdidas económicas por las demoras en el traslado de mercaderías hacia los puertos del Paraná. La crisis vial renovará la presión sobre el Gabinete para que restituya los controles de carga. El impacto de las políticas desreguladoras vuelve a estar bajo estricta observación pública.