La secretaria general de la Presidencia propuso no armar listas competitivas de La Libertad Avanza que molesten a los mandatarios locales a cambio de su voto. Sin embargo, el recelo persiste entre los caciques federales debido a los antecedentes de confrontación legislativa previos. Las negociaciones se profundizarán esta semana bajo la tutela técnica del jefe de Gabinete y el Palacio de Hacienda.
Los ecos de los pasillos parisinos durante la Argentina Week se trasladaron de inmediato a la mesa de la ingeniería política doméstica. Tras los encuentros compartidos con el presidente de la Nación, los mandatarios provinciales reconocieron la existencia de intensos debates en torno a la reforma electoral, pero evitaron de forma tajante convalidar un acuerdo cerrado. La desconfianza respecto de la letra chica de los pactos mantiene los consensos parlamentarios en un estado de absoluta parálisis transitoria.
El eje central de la oferta oficialista corre por cuenta de la mesa de conducción del partido violeta. En las diversas mesas de diálogo, Karina Milei ofreció un compromiso de no agresión territorial que garantice la paz política en los distritos del interior de cara a las elecciones del año próximo. A cambio de prescindir de candidaturas libertarias que compliquen los armados oficialistas locales, la Casa Rosada exige el acompañamiento en bloque para sepultar el actual esquema de las PASO.
Sin embargo, los gobernadores sostienen una postura de máxima reserva debido a los antecedentes inmediatos de la estrategia desplegada por Balcarce 50. Muchos de los líderes provinciales recuerdan perfectamente que, en la última contienda legislativa nacional, la poderosa secretaria presidencial buscó pintar el país de violeta a como diera lugar, desatando feroces disputas en la gran mayoría de los territorios feudales. Las excepciones de entendimiento mutuo fueron contadas con los dedos de una mano.
Ante este escenario de escepticismo generalizado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumirá el rol de articulador político para afinar conversaciones individuales con cada gobernador a lo largo de esta semana. El ministro coordinador deberá diagramar las certezas jurídicas que los bloques aliados reclaman en el Congreso, donde las bancadas de la Unión Cívica Radical y sectores del PRO ya manifestaron serias resistencias a convalidar una derogación lisa y llana del sistema.
En simultáneo, el éxito de la ambiciosa reforma electoral requerirá de un indispensable y costoso soporte financiero estatal. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, tendrá la compleja misión de destrabar transferencias de fondos para obras públicas de largo aliento que los distritos demandan con insistencia. Para los gobernadores, la viabilidad de cualquier modificación en las reglas de votación nacional está atada de forma directa al auxilio presupuestario para sus arcas fiscales.
La Casa Rosada confía en que la necesidad mutua de gobernabilidad terminará por torcer la balanza a favor del proyecto oficialista antes de que los plazos legales comiencen a expirar. No obstante, las espadas parlamentarias oficiales reconocen por lo bajo que los 37 votos requeridos en el Senado siguen estando lejos de ser una realidad consolidada. La reforma del voto ingresa en su etapa más crítica de negociación, donde cada firma provincial costará millones.
