Organizaciones de veteranos de guerra alertaron que la prolongada inacción judicial beneficia de manera directa a los uniformados imputados al consolidar el vencimiento de los plazos legales. La querella resalta el violento contraste entre la celeridad demostrada para desestimar recursos territoriales colectivos y el silencio administrativo que rodea a las denuncias de vejámenes graves en el Atlántico Sur. El estancamiento del proceso judicial reaviva los reclamos de impunidad institucional ante los organismos internacionales.

La causa que investiga las presuntas torturas aplicadas por mandos militares argentinos a sus propios soldados durante el conflicto bélico de 1982 se encuentra totalmente congelada en los despachos de la Corte Suprema de Justicia. El expediente penal, que fue elevado al máximo tribunal a través de un recurso extraordinario concedido en octubre de 2021, acumula cuatro años de silencio y parálisis administrativa ininterrumpida. Si el letargo del tribunal se sostiene en el tiempo, los imputados se verán favorecidos por el archivo del proceso por el transcurso de los años. 

El origen del freno judicial radica en un polémico fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los magistrados Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que declaró la prescripción de las graves conductas denunciadas. Aquella cuestionada resolución consideró los hechos como delitos comunes extinguidos por el paso del tiempo, revocando los fallos de primera instancia que los catalogaban como crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Frente a ese revés, la querella recurrió a la Corte para revertir la clausura de la investigación. 

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata lidera el reclamo penal y denunció que el máximo tribunal retiene nueve recursos extraordinarios vinculados al expediente de soberanía. Los representantes legales de las víctimas criticaron con dureza la doble vara del tribunal, remarcando el violento contrapunto entre los años de silencio en esta megacausa y la extrema celeridad que demostraron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para invalidar los amparos del centro contra la Ley de Tierras. 

La investigación penal se inició formalmente en el año 2007 ante el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, y acumula testimonios de más de 200 víctimas directas de vejámenes. Dentro de las fojas del expediente se describen prácticas brutales de violencia física y psicológica aplicadas de manera sistemática, incluyendo estaqueamientos de soldados desnudos, enterramientos bajo el suelo congelado durante bombardeos enemigos, sumersión de cabezas en agua helada, pases de corriente eléctrica y privación intencional de alimentos. 

La demora judicial extrema ya comenzó a generar consecuencias irreversibles sobre el desarrollo de las actuaciones y el esclarecimiento de las responsabilidades directas. Organizaciones de derechos humanos advierten que el fallecimiento biológico de imputados y víctimas clave opera como una impunidad biológica fáctica ante los ojos de la sociedad. El paso del tiempo borró de los registros a militares procesados, como el exsubteniente Eduardo Flores Ardoino, quien murió sin enfrentar un juicio oral y público por los maltratos infringidos al conscripto Silvio Katz.

El devenir de los próximos meses será definitorio para determinar si la Corte Suprema convalida la doctrina de la prescripción o si ordena reabrir los procesamientos de los oficiales remanentes. De forma paralela, la inacción judicial obligó al colectivo de excombatientes a llevar las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo continental evalúa dictaminar contra el Estado argentino por la sistemática violación al acceso a la justicia y las garantías de reparación histórica de los sobrevivientes.