La jugada legislativa cobró impulso tras un reciente fallo judicial que encendió el debate sobre los límites de la propiedad rural en manos extranjeras. Para garantizar la apertura de la sesión, los organizadores ampliaron el temario del recinto incorporando proyectos vinculados al endeudamiento familiar y a la cobertura social. El oficialismo trabaja contra reloj junto a sus espadas políticas con el fin de retener el quórum y neutralizar la embestida opositora. El resultado de la pulseada institucional redefinirá la gobernabilidad de los meses venideros.

Ocho bloques de la Cámara de Diputados de la Nación unieron fuerzas y solicitaron formalmente una sesión especial para el próximo jueves 15 de octubre. La nota formal, que ingresó con la firma de 32 legisladores ante el despacho de Martín Menem, fija la convocatoria a las 14:00 horas. El objetivo primordial de la coalición circunstancial consiste en asestarle el golpe final al polémico DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión. 

El detonante que aceleró los tiempos políticos en la Cámara Baja fue el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a las tierras rurales. La resolución del máximo tribunal dejó sin efecto una medida cautelar colectiva impulsada por excombatientes de Malvinas por un formalismo procesal, provocando que la derogación de la Ley de Tierras quedara plenamente vigente. La posibilidad de una venta irrestricta de campos estratégicos a capitales extranjeros generó un fuerte cimbronazo institucional. 

La arquitectura del pedido parlamentario fue coordinada por el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, en sintonía con Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal. Al armado se sumaron firmas de peso pertenecientes a Martín Lousteau por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Debido a que el Senado ya rechazó el megadecreto en marzo de 2024, un voto negativo en Diputados decretaría su caída absoluta por el criterio de la Ley 26.122.

Para seducir a las fuerzas provinciales alineadas con los gobernadores y asegurar el quórum de 129 presentes, la oposición diseñó un temario con fuertes guiños a los aliados. La agenda del día incluyó el tratamiento de dictámenes sensibles como el alivio al endeudamiento financiero de las familias y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027. Hasta el momento, el conteo previo arroja un piso de 122 voluntades confirmadas en el recinto. 

Por su parte, el oficialismo de La Libertad Avanza comenzó a diseñar una contraestrategia parlamentaria de bloqueo junto a la Mesa Política del Gobierno. La intención de la Casa Rosada es convocar a su propia sesión especial para el miércoles 21 de octubre, ofreciendo debatir discapacidad y morosidad familiar pero excluyendo explícitamente el tratamiento del DNU madre. El Ejecutivo pretende restarle incentivos a los bloques dialoguistas para que no bajen a sesionar seis días antes. 

En paralelo, los técnicos oficiales evalúan desactivar el reclamo por los recursos naturales mediante la inclusión de un capítulo específico de protección territorial dentro de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con esta maniobra legal, el Gobierno buscará otorgar una salida institucional a los mandatarios provinciales sin tener que convalidar la derogación total del decreto, un escenario administrativo que el mercado financiero mira con extrema cautela.