Durante una cumbre de ministerios públicos celebrada en la ciudad de Rosario, el mandatario ratificó su respaldo incondicional a las autoridades persecutorias y vinculó los ataques a una reacción corporativa del crimen organizado. El discurso oficial se centró en blindar la política de seguridad y profundizar el combate contra las estructuras de financiamiento ilícito en el territorio. La interna judicial expone las resistencias de sectores desplazados que intentan condicionar la reforma del sistema penal santafesino.

El gobernador Maximiliano Pullaro denunció una conspiración abierta destinada a desplazar de su cargo a la jefa de los fiscales santafesinos, María Cecilia Vranicich. Durante la apertura de las Jornadas de los Ministerios Públicos Fiscales, el titular del Ejecutivo provincial advirtió que el poder político detectó múltiples operaciones en muchos medios orientadas a socavar la credibilidad de la conducción judicial. La defensa se planteó de manera directa en el principal centro de convenciones de la ciudad de Rosario. 

El mandatario santafesino asoció directamente estas maniobras con la reducción sostenida de los niveles de violencia altamente lesiva en los grandes conglomerados urbanos de la provincia. Según los registros que exhibió Pullaro, los grupos delictivos desplazados y ciertos intermediarios institucionales intentan revertir la política de persecución penal estratégica que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El respaldo político a Vranicich funcionó como un límite explícito a las presiones corporativas externas. 

La estrategia defensiva del gobernador incluyó un durísimo cuestionamiento al denominado "garantismo bobo", al que acusó de haber colonizado los ámbitos académicos e infligido un severo daño al entramado social. "El que mata y el que roba tiene que ir preso", fustigó el jefe de Estado provincial para marcar la necesidad de mantener el orden y el control de los perímetros urbanos, convocando al resto de los poderes públicos a no retroceder en las normativas de flagrancia.

En su diagnóstico del escenario mafioso, Pullaro ordenó avanzar decididamente sobre la estructura económica del crimen organizado para ahogar su capacidad de financiamiento y despliegue logístico. El mandatario reclamó profundizar las investigaciones federales por lavado de activos y apuntó contra los abogados, contadores y escribanos cómplices que brindan asesoramiento técnico a las organizaciones criminales de guante blanco. El planteo abrió un inmediato e intenso debate con las entidades profesionales de la región. 

Ante las tempranas quejas de la Asociación de Abogados Penalistas, el jefe de la Casa Gris les exigió "que no se hagan los zonzos" y aclaró que sus reproches no colisionan contra el sagrado derecho de defensa. Pullaro remarcó que las pesquisas judiciales se orientarán únicamente hacia aquellos profesionales que integran las bandas mafiosas y facilitan el blanqueo de fondos originados en extorsiones. La advertencia ratificó la decisión política de endurecer los controles sobre el circuito financiero. 

El saldo político de las jornadas judiciales en Rosario consolidó la alianza estratégica entre el Ejecutivo y los fiscales de cara a los desafíos de los meses venideros. El oficialismo provincial pretende utilizar el capital político acumulado tras la pacificación de los barrios vulnerables para impulsar una reforma integral de la Corte Suprema santafesina. Con el respaldo explícito de la cúpula judicial nacional, la administración de Unidos para Cambiar Santa Fe se prepara para dar una batalla de fondo en la Legislatura