Diversos constitucionalistas señalaron que la omisión de los magistrados para analizar el fondo del asunto traslada la responsabilidad definitiva al ámbito parlamentario. Desde los sectores de la oposición técnica sostienen que la plena vigencia de la normativa deja al país en una situación de desprotección frente a grandes corporaciones globales. Los asesores de las bancadas aliadas coinciden en que sostener el andamiaje del megadecreto por vía judicial lesiona las facultades exclusivas del Poder Legislativo. La atención se desplaza ahora hacia la Cámara Baja, donde se definirá si se convoca a una sesión especial para reponer el orden legal previo.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) encendió las alarmas de múltiples sectores jurídicos. Diversos especialistas en Derecho Constitucional coincidieron en que Diputados debe rechazar el DNU 70/23 de Javier Milei como único camino efectivo para frenar la extranjerización irrestricta del territorio nacional. La decisión judicial se amparó en un formalismo procesal y evitó pronunciarse sobre la validez legal del decreto. 

Para referentes del ámbito legal como la abogada Vilma Ibarra, el dictamen del máximo tribunal representa una argucia formalista para eludir el control de constitucionalidad elemental. Los analistas advierten que, al basar el fallo en la supuesta falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM La Plata), los cortesanos le otorgaron vigencia fáctica a un artículo que vulnera las potestades exclusivas del Congreso de la Nación.

La gravedad del escenario actual radica en que la Ley de Tierras quedó formalmente derogada en todo el país, eliminando los históricos topes del 15% a la propiedad extranjera. Historiadores y técnicos del Conicet señalaron que esta desregulación total deja las áreas de frontera y los principales recursos de agua dulce a merced de la especulación de grandes fondos inmobiliarios internacionales. Ante la ausencia de un freno en los tribunales, los expertos sostienen que la resolución debe ser puramente política. 

Desde el bloque de Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, se iniciaron conversaciones para convocar a una sesión especial en la Cámara Baja con el objetivo de sepultar definitivamente el megadecreto. Los constitucionalistas recuerdan que el DNU 70/2023 ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, por lo que un voto negativo de Diputados lo anularía por completo de forma inmediata. La presión opositora busca sumar a los sectores intermedios y del radicalismo para alcanzar el quórum. 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, coordina junto a la Casa Rosada una estrategia parlamentaria para blindar la reforma libertaria. La intención oficialista consiste en reflotar las modificaciones territoriales e incorporarlas dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que ya cuenta con media sanción. Con este movimiento, el Gobierno pretende ofrecerle a los gobernadores aliados un límite negociado del 25% y evitar que volteen el decreto madre. 

El desenlace de esta pulseada institucional marcará un hito en la relación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Parlamento. Los especialistas insisten en que permitir que un decreto derogue leyes estructurales sin aval legislativo debilita la calidad democrática de la república. Si las bancadas de la oposición intermedia convalidan el reclamo de los juristas, la Cámara de Diputados tendrá la última palabra para restablecer la vigencia de los controles sobre el suelo argentino.