El Gobierno nacional había fijado un plazo perentorio de dos semanas antes de recurrir a los tribunales del mar. Las autoridades del Foreign Office ratificaron su respaldo inquebrantable a las firmas energéticas que operan con licencias isleñas. El contrapunto diplomático interrumpió la agenda de cooperación bilateral y reinstaló el conflicto soberano en el centro de la escena global.

El gobierno del Reino Unido convocó formalmente a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para transmitirle su rechazo categórico a la estrategia jurídica del Ejecutivo nacional. El llamado diplomático fue instrumentado por la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien lideró la protesta oficial británica. La sorpresiva citación encendió las alarmas en el Palacio San Martín y marcó el punto más álgido de fricción bilateral en lo que va de la gestión. 

La controversia escaló luego de que el presidente Javier Milei instruyera el inicio de un arbitraje internacional bajo las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La presentación oficial argentina busca frenar de manera inmediata el millonario proyecto petrolero Sea Lion. Dicho desarrollo energético, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, se encuentra bajo la operatividad técnica de las compañías internacionales Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. 

A través de un fuerte comunicado, la diplomacia del Reino Unido calificó el reclamo institucional argentino como un intento deliberado de socavar la prosperidad económica de un pueblo con autogobierno. Kumaran advirtió públicamente que las actividades ligadas a la extracción de hidrocarburos se rigen legítimamente por la legislación de las Islas Malvinas y se encuadran bajo el derecho internacional. Asimismo, el Foreign Office puso en duda la previsibilidad de la República Argentina como un socio maduro para la comunidad europea. 

La estrategia diseñada por la Casa Rosada contemplaba un plazo de catorce días para que Londres adoptara medidas de suspensión sobre el yacimiento Sea Lion. Ante la previsible negativa británica, el canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas cautelares urgentes. El argumento central del equipo jurídico nacional sostiene que la explotación unilateral genera un daño irreversible sobre recursos naturales no renovables en territorio disputado. 

El endurecimiento de la posición británica coincidió con las declaraciones del secretario de Defensa, Wes Streeting, quien advirtió sobre la capacidad militar de su país para proteger el archipiélago. Desde el entorno del primer ministro británico se encargaron de ratificar que el apoyo a los isleños sigue siendo inquebrantable frente a cualquier tipo de coacción externa. El cruce de declaraciones terminó por sepultar los intentos previos de la Cancillería por encauzar una agenda conjunta de vuelos y misiones humanitarias. 

La respuesta del Gobierno argentino consistió en ordenar a todas sus embajadas replicar el comunicado de soberanía en múltiples idiomas para evitar confusiones internacionales. El Palacio San Martín busca aislar comercialmente a las petroleras multinacionales mediante la aplicación de sanciones administrativas y penales en los tribunales locales. La pulseada por los recursos energéticos del Atlántico Sur ingresa ahora en un escenario de parálisis diplomática y alta incertidumbre legal ante los tribunales de las Naciones Unidas.