El dictamen judicial ratificó el derecho a la crítica hacia los funcionarios públicos dentro del ámbito de la libre discusión política. A pesar del cierre de este tramo del expediente, la causa principal mantendrá bajo investigación a otros dos imputados clave. El veredicto generó un inmediato revuelo en las plataformas digitales debido al fuerte peso político de los protagonistas. La resolución sienta un precedente directo sobre las fronteras regulatorias del debate y las expresiones en los canales de streaming.

La denuncia penal que el diputado nacional Esteban Paulón había impulsado contra Daniel "Gordo Dan" Parisini fue archivada de forma parcial por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La determinación judicial trajo alivio al núcleo de los comunicadores de la señal libertaria Carajo. Tras evaluar los hechos y las declaraciones colectadas, se resolvió que los planteos no constituyeron ningún tipo de delito tipificado. 

La encargada de firmar la polémica resolución fue la fiscal penal porteña Celsa Victoria Ramírez. La magistrada fundamentó su decisión basándose estrictamente en el artículo 212, inciso a), del Código Procesal Penal de la jurisdicción. En su dictamen técnico, determinó que las conductas denunciadas exhibían una clara "atipicidad", por lo que no correspondía dar curso a una sanción penal ni continuar persiguiendo a los acusados. 

La medida no solo benefició a Parisini, sino que también alcanzó a Mariano Pérez y Pablo Sebastián Pazos. El legislador del Partido Socialista los había acusado originalmente por los supuestos delitos de amenazas, incitación a la violencia y actos discriminatorios. Dichas figuras legales se habían fundamentado en duros posteos cruzados y debates emitidos en vivo durante el ciclo audiovisual de streaming denominado La Misa. 

Entre los considerandos principales del fallo, la fiscalía argumentó que las descalificaciones y juicios de valor quedan fuera del ámbito del derecho penal cuando se dirigen al desempeño de funcionarios estatales. De la misma manera, la resolución remarcó que las manifestaciones fueron estrictamente de carácter individual para la discusión pública. De este modo, quedó descartada la hipótesis del denunciante que hablaba sobre una estructura asociativa coordinada. 

A pesar del archivo dispuesto para el "Gordo Dan" y sus acompañantes de streaming, el expediente judicial continuará activo en los tribunales. Esto se debe a que la causa sigue en pie contra el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y el historiador Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, quien será citado en el corto plazo. Asimismo, la fiscal Ramírez fue apartada y la conducción la asumió su par Hernán Biglino. 

La resolución judicial provocó un fuerte impacto político en las redes y abrió una ventana para que Paulón evalúe insistir como querellante en la causa. Por su parte, los seguidores de las corrientes oficialistas celebraron la medida como una victoria de la doctrina legal preexistente. En el escenario público, el fallo dejó en claro el criterio de que criticar políticamente a un legislador es un derecho fundamental amparado constitucionalmente.