Bloques dialoguistas manifestaron su firme rechazo a convalidar restricciones que afecten la labor periodística dentro del territorio nacional. Ante la falta de acompañamiento, el Poder Ejecutivo nacional se vio obligado a enviar emisarios para contener el descontento de sus aliados habituales. La negociación busca reescribir los puntos más cuestionados antes de que la iniciativa naufrague por completo en el Congreso de la Nación.

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) advirtió formalmente que no acompañará el polémico articulado del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La postura de la bancada se plantó con firmeza al señalar de forma unánime que no van a votar contra los periodistas, marcando un límite explícito a las pretensiones oficiales. El foco del conflicto radica en las herramientas punitivas que la normativa busca introducir en el Código Penal. 

La controversia se concentra específicamente en el artículo 111 de la iniciativa, el cual establece penas de prisión de 5 a 12 años para quienes realicen supuestas operaciones vinculadas a intereses extranjeros. El texto contempla castigos para lo que denomina campañas coordinadas de desinformación masiva, una figura penal sumamente amplia. Los sectores intermedios y diversas organizaciones de prensa alertaron que la ambigüedad conceptual del articulado podría habilitar arbitrariedades y mecanismos de persecución judicial.

Ante la certeza de que el texto actual carece de los números necesarios para su aprobación, el asesor presidencial Santiago Caputo activó una estrategia de contención en el Congreso de la Nación. Con el fin de evitar un temprano desgaste político y una parálisis legislativa, la Casa Rosada encomendó a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, encabezar las reuniones de negociación directas con los representantes de las bancadas aliadas. 

La alta funcionaria del Poder Ejecutivo fue recibida en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados por los legisladores oficialistas Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado. Al encuentro clave se sumaron el diputado radical Diógenes González, el desarrollista Eduardo Falcone y Javier Sánchez Wrba en representación del bloque PRO. Durante la cumbre, los parlamentarios dialoguistas ratificaron que el artículo 111 es completamente impasable tal como está redactado originalmente. 

Además de las objeciones sobre la libertad de expresión, los legisladores transmitieron su preocupación por otros puntos de igual gravedad institucional incluidos en el proyecto de soberanía. Entre ellos se mencionaron las facultades especiales otorgadas para el derribo de embarcaciones sin previa autorización del Congreso, otro límite que la oposición intermedia no está dispuesta a flexibilizar. El oficialismo debió aceptar que deberá ceder terreno si pretende mantener viva la ley. 

El saldo inicial del desembarco del Ejecutivo en el Congreso fue la obligada aceptación oficial de reformular el articulado cuestionado. El Gobierno de Javier Milei buscaba utilizar la épica del reclamo sobre las Islas Malvinas para consolidar su agenda legislativa y apuntalar su imagen pública. No obstante, chocó contra una imprevista muralla parlamentaria que lo forzó a sentarse a negociar modificaciones técnicas sustanciales para preservar el resto de la ley de soberanía.