La medida de fuerza de alcance federal responde al vencimiento del plazo fijado por el Poder Judicial para que el Poder Ejecutivo abone la recomposición salarial adeudada. Los gremios reclaman una recomposición inmediata equivalente al 33,4% para recomponer la pérdida del poder adquisitivo. La contundencia de la medida profundiza el enfrentamiento entre la comunidad académica y el Ministerio de Economía.

La huelga impulsada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales coincide con el límite de los cinco días hábiles impuestos por el juez federal Martín Cormick. El magistrado intimó formalmente a la administración central a dar cumplimiento efectivo a las partidas presupuestarias previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. En su resolución técnica, el fuero contencioso administrativo advirtió sobre la imposición de multas diarias contra los funcionarios responsables en caso de persistir el incumplimiento. La falta de transferencias gatilló la reacción sindical en las unidades académicas.

En respuesta a la resolución judicial, el equipo de abogados del Gobierno nacional interpuso un recurso de apelación con efecto suspensivo para frenar la ejecución de las sanciones. Fuentes del área legal del Poder Ejecutivo sostienen que los incrementos otorgados en las instancias paritarias precedentes satisfacen los requerimientos mínimos de la cautelar vigente. Asimismo, desde los despachos oficiales ratificaron que no se liberarán giros extraordinarios por fuera del esquema de consolidación fiscal diseñado por la Secretaría de Hacienda. La apelación oficial busca ganar tiempo mientras se tramita la causa de fondo.

Por su parte, los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y las autoridades rectorales respaldaron los reclamos salariales de los trabajadores y advirtieron sobre la imposibilidad de planificar el ciclo lectivo venidero. Denuncian que la partida proyectada en el Presupuesto resulta insuficiente para cubrir el funcionamiento básico y los programas de investigación técnica. Ante la falta de canales formales de negociación paritaria, los referentes universitarios confirmaron la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para las próximas semanas. La tensión institucional amenaza con paralizar los claustros en el último tramo del año.

Desde los centros de estudiantes de las distintas casas de altos estudios se multiplicaron las asambleas y tomas simbólicas en apoyo a las demandas de los docentes. Agrupaciones estudiantiles remarcan que el congelamiento de las becas de estudio y el aumento constante del costo de vida comprometen la continuidad educativa de miles de alumnos. Por este motivo, los estudiantes definieron articular acciones conjuntas con los sindicatos para visibilizar el conflicto en las principales arterias urbanas. El frente universitario consolida una posición unificada ante la intransigencia oficial.

El curso de la medida de fuerza quedará atado a la decisión que adopte el juez Cormick sobre la apelación presentada por la Representación Jurídica del Estado. Si la Justicia ratifica la aplicación de las multas astreintes, la Casa Rosada enfrentará un complejo escenario de responsabilidades contables e institucionales. En tanto, las aulas universitarias permanecerán cerradas hasta el fin de semana a la espera de señales oficiales. El conflicto educativo escala a niveles de alta incerteza legal y política.