De acuerdo con recientes informes técnicos del sector financiero, el nivel de atraso en el pago de créditos bancarios y préstamos no bancarios superó los registros de la crisis posterior al año 2001. La pérdida de capacidad de pago golpea con mayor dureza a las familias que recurrieron al endeudamiento para cubrir gastos corrientes. Las estadísticas oficiales confirman una fuerte aceleración del default en las carteras de consumo.

El deterioro salarial y el fuerte incremento registrado en las tarifas de servicios públicos operaron como los principales detonantes de esta coyuntura. En los bancos, la tasa de mora de las familias escaló hasta ubicarse en torno al trece por ciento, mientras que en las billeteras virtuales y el sector no financiero roza el treinta y cuatro por ciento. La brecha entre el costo de vida y los sueldos obligó a volcar ingresos al pago de servicios esenciales en detrimento de los compromisos financieros asumir dos. El margen de maniobra de los hogares resulta nulo para sostener las cuotas adeudadas.

El endeudamiento irregular afecta principalmente a los segmentos etarios de trabajadores activos, concentrando los mayores volúmenes de deuda entre los veinticinco y cincuenta y cuatro años. Los datos arrojan que más de cuatro millones de personas pertenecientes a la clase media y sectores vulnerables registran atrasos graves con entidades crediticias. En el mapa regional, las provincias que registran salarios más relegados presentan a su vez los índices de mora más elevados del país. El mapa del default interno refleja las asimetrías salariales de las provincias.

Desde los centros de estudios económicos advierten que el acceso al crédito financió transitoriamente la pérdida del poder de compra hasta saturar la capacidad de endeudamiento familiar. Ante la imposibilidad de refinancing en condiciones razonables de tasa, miles de usuarios cayeron en situación de incobrabilidad o financiamiento irregular. Esta combinación de variables mantiene bajo fuerte presión al sistema financiero orientado a préstamos de consumo personal y tarjetas. La morosidad de la cartera minorista exige previsiones adicionales por parte de las entidades.

Por su parte, la respuesta del Poder Ejecutivo se enfoca en sostener el esquema de estabilización macroeconómica y el orden de las cuentas públicas como premisa indispensable. No obstante, legisladores opositores y entidades de consumidores exigen la implementación de un marco de contención para frenar los remates y la ejecución de ejecuciones judiciales por deudas. La falta de consenso sobre posibles mecanismos de alivio prolonga la tensión en las comisiones técnicas del Congreso Nacional. El debate legislativo busca definir mecanismos de resguardo de los ingresos.

El comportamiento futuro de la mora dependerá de una eventual recuperación del salario real y de la normalización del costo de los servicios básicos en los hogares. Sin una mejora tangible en los ingresos disponibles, la acumulación de deudas impagas amenaza con resentir el consumo masivo y frenar el crédito futuro a las familias. En tanto, los bancos monitorean de cerca los niveles de previsión para afrontar un escenario de incobrabilidad prolongado. La fragilidad financiera del sector privado se instala en el centro de la escena.