Las usinas involucradas representan dos de los activos térmicos de mayor eficiencia operativa construidos por el Estado durante las gestiones kirchneristas. Ambos complejos operan bajo el esquema de ciclo combinado y aportan un volumen significativo de megavatios a la red del Área Metropolitana de Buenos Aires y la región santafesina. No obstante, desde la conducción económica argumentan que la gestión privada permitirá optimizar los costos de mantenimiento y desarmar la estructura de fideicomisos públicos. Los socios privados actuales conservarán sus derechos de preferencia en la compulsa accionaria.

La principal controversia de la medida gira en torno al mecanismo de tasación que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación para establecer el valor final de los activos. Diversos consultores y especialistas en energía recordaron el antecedente de la venta de Ensenada de Barragán, donde los montos fijados se ubicaron sustancialmente por debajo de las valuaciones del mercado. Frente a estos cuestionamientos, sectores de la oposición advierten sobre la posibilidad de que el Estado liquide infraestructura estratégica a precios depreciados. Las dudas sobre la transparencia patrimonial encendieron las alarmas en el ámbito parlamentario.

En los despachos oficiales confían en recaudar una suma cercana a los ochocientos millones de dólares mediante el traspaso definitivo de los paquetes accionarios. La transferencia contempla no solo la generación de electricidad sino también el beneficio fiscal contemplado en las pautas presupuestarias aprobadas. Con este paso, el equipo económico busca enviar una señal clara hacia el mercado financiero sobre el avance irreversible del programa de privatizaciones estatales. Los grupos energéticos privados ya analizan la letra chica de las condiciones impuestas en los pliegos oficiales.

Por su parte, los representantes de los trabajadores del sector eléctrico expresaron preocupación por la falta de un Programa de Propiedad Participada en este nuevo esquema licitatorio. La exclusión del personal en el reparto accionario generó malestar entre las organizaciones sindicales, que anticipan planteos administrativos para resguardar los puestos de trabajo en las plantas. A pesar de los reclamos gremiales, el Palacio de Hacienda prevé acelerar los plazos administrativos para cerrar la licitación antes de fin de año. El desprendimiento de los activos energéticos marcará un hito en la gestión del sector eléctrico.

El desenlace de este proceso licitatorio sentará un precedente decisivo para la futura venta de otras generadoras bajo la órbita pública, como la central Guillermo Brown. Si la venta se concreta bajo parámetros de baja cotización, el costo político para el Gabinete económico podría incrementarse en las comisiones de control parlamentario. En tanto, las empresas privadas interesadas avanzan en las auditorías técnicas sobre los estados financieros de las compañías. Las próximas semanas definirán la cotización base con la que saldrán a subasta ambas centrales.

La transferencia de las centrales a manos privadas reconfigura el mapa de la generación eléctrica en el país. El éxito de la operación dependerá del equilibrio entre la urgente necesidad de divisas que persigue el Palacio de Hacienda y el resguardo del patrimonio nacional invertido en infraestructura pesada. Mientras tanto, la atención se concentra en la redacción final de los pliegos y los criterios de valuación oficiales. La polémica por las tasaciones promete instalarse en el centro del debate económico nacional.