La iniciativa legislativa prosperó gracias al decisivo alineamiento de los gobernadores del norte argentino, quienes presionaron a sus representantes parlamentarios a cambio de futuras compensaciones fiscales y subsidios eléctricos específicos para sus provincias cálidas. El nuevo marco normativo redefine por completo el alcance territorial del beneficio de la ley 25.565, concentrando la bonificación automática de forma exclusiva en la región de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. De esta manera, el resto de las localidades que habían sido incorporadas de manera masiva durante la ampliación de 2021 perderán el descuento directo por razones climáticas, quedando sus facturas sujetas a un fuerte esquema de aumentos.

La sesión parlamentaria estuvo marcada por una extrema tensión política y una serie de maniobras de último minuto para intentar hacer caer el tratamiento sobre tablas. En un movimiento coordinado, la bancada peronista que lidera José Mayans decidió abandonar masivamente el recinto en un intento de romper el cuórum legal y dejar al oficialismo sin las bancas necesarias para votar. Sin embargo, los senadores de La Libertad Avanza y las fuerzas aliadas lograron retener los 37 legisladores requeridos para sostener la sesión, lo que permitió que el debate continúe de manera regular.

La reconfiguración del mapa del gas implicará que los usuarios de provincias populosas como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Juan dejen de percibir el beneficio de manera generalizada por su código postal. Para mitigar el impacto social de la quita, el texto promulgado establece que las familias de estos distritos solo conservarán los descuentos si logran registrarse en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. Las condiciones para permanecer bajo este paraguas estatal exigen que los ingresos conjuntos del grupo familiar no superen las tres canastas básicas totales.

Por el lado de la oposición dialoguista, la votación evidenció marcadas grietas internas y pases de facturas entre los bloques provinciales debido a las ausencias estratégicas. Los senadores radicales representantes de los distritos directamente afectados por el recorte, pertenecientes a Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, optaron por no aportar votos positivos al proyecto oficialista. En el caso santafesino, Carolina Losada y Eduardo Galaretto permanecieron en sus bancas para expresar su rechazo abierto a la quita de los subsidios en sus distritos.

Desde el Poder Ejecutivo celebraron la sanción definitiva de la ley como un paso crucial para sanear las cuentas públicas y avanzar en la desregulación sectorial. La Secretaría de Energía argumentó a lo largo de las discusisiones en comisión que la ampliación territorial de 2021 había convertido al sistema en un esquema ineficiente y fiscalmente insostenible. Según las planillas de proyección oficial, el recorte de estas transferencias indiscriminadas le permitirá al Tesoro Nacional conseguir un ahorro fiscal anual superior a los doscientos setenta mil millones de pesos.

Hacia adelante, las empresas distribuidoras de gas se preparan para aplicar los nuevos cuadros tarifarios con el impacto pleno de la quita de subsidios. Los analistas del sector energético anticipan que las facturas residenciales del próximo período invernal sufrirán incrementos cercanos al 100% en aquellas zonas que quedaron excluidas del beneficio automático. El gran interrogante que se abre ahora en las provincias es si la base de datos del padrón de inscriptos focalizados logrará procesar a tiempo a las familias vulnerables antes de la llegada de los meses de mayor consumo.