De convalidarse el sumario, la doctora en Ciencias Agrarias con más de 20 años de trayectoria quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos en el Estado. El conflicto escaló luego de que las autoridades prohibieran difundir los resultados locales y retiraran al país del consorcio europeo. La científica advierte que la medida busca arrebatarle su identidad profesional de manera definitiva.

La ofensiva institucional contra Virginia Aparicio, quien se desempeña en la Estación Experimental Balcarce, generó un profundo repudio en la comunidad científica y en los colectivos de pueblos fumigados. El expediente sumarial que tramita el directorio del INTA imputa un total de ocho hechos a la especialista, entre los que destaca la acusación de haber provocado un supuesto perjuicio material grave a las arcas del Estado. La defensa legal de la agrónoma rechaza de manera tajante el argumento patrimonial, recordando que el financiamiento del programa Horizon 2020 provino íntegramente de fondos europeos que fueron debidamente rendidos y aprobados.

El verdadero trasfondo de la severa sanción administrativa se remonta a los hallazgos críticos arrojados por el monitoreo ambiental global. El proyecto SPRINT detectó la presencia de residuos de plaguicidas en matrices biológicas humanas —incluyendo sangre, orina y materia fecal— de voluntarios argentinos, evidenciando niveles de exposición superiores a los registrados en los diez países europeos participantes. La recolección de muestras incluyeron también suelo, agua y aire de localidades rurales bonaerenses como Tandil, Lobos y General Rodríguez, convirtiéndose en el relevamiento más exhaustivo realizado en el país sobre este fenómeno.

La política de restricción informativa por parte de la conducción del instituto estatal se consolidó a mediados del año pasado. En junio de 2023, las autoridades cancelaron de forma imprevista una reunión virtual en la que Aparicio preveía restituir los datos analizados a los propios ciudadanos que habían participado voluntariamente del estudio. El proceso de silenciamiento culminó en diciembre de ese mismo año, cuando el entonces presidente de la entidad agropecuaria, Mariano Garmendia, firmó la resolución oficial para retirar de manera definitiva a la institución del consorcio internacional.

El gremio de los trabajadores del sector, APINTA, se declaró en estado de alerta y lanzó una masiva campaña de recolección de firmas para frenar la cesantía. La organización gremial denunció que el sumario busca generar un efecto aleccionador sobre el resto de las delegaciones científicas que abordan temáticas sensibles para los intereses de las grandes cámaras del monocultivo. Representantes de la Asociación de Profesionales del organismo advierten que no existe la posibilidad de consolidar un polo tecnológico robusto si se censura de forma sistemática a los profesionales que generan conocimiento de interés para la salud pública.

Por su parte, el abogado de la investigadora, Mario Bolla, remarcó que el accionar del Estado nacional contradice de forma abierta las obligaciones asumidas en el Acuerdo de Escazú. El tratado internacional obliga a la Argentina a garantizar la democracia ambiental y a brindar protección efectiva a los profesionales que defienden el derecho a la información pública. Los letrados anticiparon que, en caso de que la conducción actual —encabezada por Nicolás Bronzovich— ratifique el dictamen de exoneración, acudirán de inmediato ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal para exigir la nulidad del proceso.

En medio de la tensa espera administrativa, la científica del CONICET continúa asistiendo de forma diaria a sus laboratorios en Balcarce bajo un complejo clima de aislamiento social. Aparicio lamenta que muchos de sus colegas eviten acercarse por temor a represalias institucionales, describiendo la dura vivencia como si fuera una suerte de "leprosa" que camina por los pasillos de la experimental. A pesar de haber recibido ofertas concretas para continuar sus investigaciones en el exterior, ratifica su voluntad de permanecer en el país defendiendo el valor de la educación pública que financió toda su formación académica.